
Para el expresidente y líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, el archivo del caso “narcoaudios” que denunció en 2022 es “encubrimiento, premio y protección a la corrupción y narcotráfico”.
Así reaccionó este jueves el exmandatario a la resolución fiscal emitida el 28 de abril y conocida de manera pública recién este miércoles. En ella “se dispone el sobreseimiento de Ivert Alejandro Villegas, Wilmer José María Velasco Villarroel y Franco Jaime Arancibia Díaz por los delitos de tenencia, porte o portación ilícita, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes”.
“Los que manipulan políticamente a la justicia y al Ministerio Público son cómplices confesos de esos delitos”, sostuvo el expresidente en sus redes sociales.
Este caso fue denunciado en abril del año pasado por el propio Morales. En ese entonces, presentó un audio en conferencia de prensa donde se escucha a un efectivo antidroga reportando a un coronel sobre el hallazgo de un laboratorio y cuatro fábricas de droga, pero la orden que recibió de su superior fue que abandone la zona.
El presunto encubrimiento al narcotráfico se habría suscitado el 25 de marzo de esa gestión en el Valle Sajta, trópico de Cochabamba.
El sobreseimiento por el caso “narcoaudios” se suma a otra similar medida asumida en los últimos días en favor de varios involucrados en el caso “coimas millonarias” en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que también fue denunciado por allegados al expresidente Morales.
Acerca de este segundo sobreseimiento, Morales consideró el pasado el 23 de mayo que se insulta a la inteligencia del pueblo.
“Primero admitieron que el empresario chino devolvió Bs 9 millones de la coima en el caso de corrupción de ABC. Ahora dicen que eso era un ‘adelanto’ de la obra. Por favor, no insulten la inteligencia del pueblo. El encubrimiento a la corrupción es un síntoma de la derechización”, afirmó.
"LAWFARE"
Finalmente, Morales anunció que “la próxima batalla será contra el ‘lawfare’ (uso de procesos legales como arma política) de los que quieren destruir al MAS-IPSP”.
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