Cobro de Bs 20.000: Plantearán amparo contra resolución del vocal

El Ministerio Público espera la notificación con la resolución del vocal Hugo Michel, quien otorgó libertad irrestricta al exfuncionario imputado por el cobro de 20.000 bolivianos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para plantear una acción de amparo.

De esa manera, una comisión de fiscales solicitará que se deje sin efecto el auto de vista que liberó al imputado, de iniciales J.A.C.B., de la carceleta de Camargo, adonde fue enviado con detención preventiva por tres meses, según lo dispuso el juez Gary Bracamonte.

Desde el Ministerio Público se informó que una vez tengan la resolución del vocal Michel, analizarán los fundamentos esgrimidos por parte de la autoridad judicial que revocó la determinación de Bracamonte alegando que se hizo una valoración subjetiva de los riesgos procesales para disponer la medida cautelar más gravosa.

La semana pasada, el fiscal asignado al caso, Fernando Aragón, adelantó que una comisión de fiscales analiza la presentación de una acción de amparo constitucional en contra de la determinación de Michel, la autoridad que otorgó libertad irrestricta al imputado por el delito de cohecho pasivo propio.

En la conversación con la víctima, el entonces funcionario indicó que la sentencia no estaba en manos del magistrado a cargo sino de otras dos personas, a quienes, según su argumento, se debía reconocer un monto correspondiente al 7% del monto demandado en casación, y que ese porcentaje tenía que entregarse antes de que los expedientes salgan del despacho y también antes de la vacación judicial.

En este caso era el 7% que alcanzaba a 10.000 dólares, si el demandante lograba el pago total de sus beneficios laborales.

La víctima dijo que no tenía dinero y ofreció dar como adelanto una motocicleta valuada en 5.000 dólares. Inicialmente, el funcionario aceptó, pero, como el vehículo tenía algunos desperfectos, finalmente se concretó la entrega de los Bs 20.000, algo que ocurrió el 9 de diciembre del año pasado. Esto pese a que la sentencia llevaba la fecha del 28 de octubre.

Los investigadores tomaron declaraciones a ocho funcionarios de la Sala Social Primera del TSJ, quienes declararon que se ocupan de elaborar proyectos de autos supremos y sentencias que son sorteados a los dos magistrados de la Sala. Algunos admitieron conocer al funcionario J.A.C.B.; otros, en cambio, no.