TSJ mantiene tres juicios de privilegio pendientes
En el caso que está en juicio, los 4 acusados, son procesados en rebeldía
SESIÓN. La audiencia de juicio en el Salón de Debates del TSJ, en 2020. Foto: Archivo El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene tres juicios de responsabilidades pendientes de trámite, y de ellos, tiene activado el caso Petrocontratos, cuya audiencia se instalará este 22 de agosto para juzgar en ausencia al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres exministros de Estado acusados por haber firmado contratos petroleros sin previa autorización del Parlamento.
El magistrado de la Sala Social Primera, José Antonio Revilla, informó que hay tres casos pendientes de trámite en el TSJ. CORREO DEL SUR confirmó que estos casos serían: Petrocontratos, capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe), y el préstamo y donación para el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias más conocido como “caso Focas”.
JUICIO CON AUSENTES
Revilla señaló que los cuatro acusados dentro del caso Petrocontratos; Goni, Jorge Berindoague Alcocer, Carlos Alberto López Quiroga y Carlos Alberto Contreras del Solar, están declarados rebeldes y cuentan con la asistencia de Defensa Pública del Estado. El magistrado dijo que Defensa Pública pidió un plazo para imbuirse de los antecedentes del proceso y por eso no se logró instalar la audiencia el 8 de agosto y fue suspendida hasta este 22.
“El 22 de agosto se llevará acabo la audiencia con los procesados en rebeldía y la asistencia técnica de la Defensa Pública. Ninguno de los procesados se presentó (porque) están declarados rebeldes y con la modificación de la ley 1970 deben tener asistencia técnica que en este caso es estatal”, sostuvo.
Explicó que con la modificación de la ley, en algunos delitos se procede la declaratoria de rebeldía y el juzgamiento en ausencia.
“Procede normativamente. Ahora otra cosa es el elemento axiológico de juzgar a una silla vacía pero para eso se sustituye con la defensa técnica que ellos tienen”, argumentó.
Los exaltos funcionarios están acusados por la comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, “en los cuales hay daño económico al Estado”, según el magistrado.
DENUNCIAS
Los hechos acusados corresponden a delitos supuestamente cometidos durante los años 1992, 1995 y 2002 y que fueron denunciados por el gobierno de Evo Morales a partir de 2006.
