Informe de la Defensoría recomienda el cambio de infraestructura carcelaria por hacinamiento

El hacinamiento en las cárceles y la necesidad del cambio de infraestructura carcelaria es una de las principales conclusiones de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia) que presentó este lunes la Defensoría del Pueblo.

El reporte sistematiza la situación de los derechos humanos en la gestión 2022, principalmente, en el caso de las personas privadas de libertad, aunque también propone acciones de salvaguarda de derechos en orfanatos, asilos y cuarteles policiales y militares, entre otros, en los que sí hizo 273 visitas.

Aunque el informe establece unas 30 recomendaciones a diferentes instancias del Estado, la principal es la "relevación de la infraestructura carcelaria nacional", indicó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Entre marzo y diciembre del año pasado se observa un "incremento de la población carcelaria", ya que pasó de 20.002 a 24.824, lo que equivale a un 188% de sobrepoblación si se toma en cuenta la capacidad original de las cárceles, precisó.

A diciembre de 2022, se tiene que únicamente el 33,81% de los presos tiene sentencia y que el resto permanece en esos recintos bajo la figura de "detención preventiva", señala el informe.

Callisaya mencionó que los casos extremos pertenecen a la cárcel de San Pedro en La Paz y la carceleta de Montero, ciudad vecina de Santa Cruz.

Las deficiencias constantes en las cárceles son la falta de separación de población por categorías, seguridad y control policial, programas de rehabilitación debilitados y dificultades en la atención médica, entro otros aspectos, dijo.

El defensor afirmó que es necesario "mejorar los servicios de salud", "bajar el hacinamiento" y hacer un estudio técnico "sobre el uso de la detención preventiva" para mejorar la situación en las cárceles.

El informe del MNP-Bolivia también señaló que en los centros para adolescentes infractores "no hay un programa individualizado" de reinserción o de tratamiento de enfermedades mentales o adicciones, por lo que los menores, generalmente, no pueden ser reintegrados socialmente.

En los orfanatos se identificó que uno de los problemas es la "irregularidad en la situación jurídica" de los menores y que no existen mecanismos de atención de denuncias.

En el caso de los asilos de ancianos se observaron limitaciones en la infraestructura y un "manejo de la medicación deficiente".

En los cuarteles militares y policiales existen "condiciones deficientes" en la atención en salud, provisión de medicamentos, así como en los baños, duchas y falta de espacios de estudio.

El reporte recomienda la aprobación de una ley para la salud mental, de manera que estos pacientes no queden en "situación de indefensión".

La presentación del informe "es una forma de visibilizar, sensibilizar, pero, sobre todo, invitar a toda la institucionalidad a trabajar de forma conjunta", indicó Callisaya.

Según la Defensoría del Pueblo, Bolivia "ha ratificado todos los tratados internacionales que tienen que ver con la prevención y sanción de la tortura" e instó a promover el trato con "dignidad humana".