Judiciales: El Senado conforma “mesa técnica” para elecciones

Los jefes de bancada del MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) acordaron este miércoles formar la “mesa de consenso” para viabilizar un solo proyecto de ley que garantice las elecciones judiciales. El acuerdo se hizo luego de un encuentro que se extendió por más de dos horas a convocatoria de la presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón..

La reunión empezó a las 8:00 y concluyó pasadas la 10:00 en la Cámara de Senadores. De la cita también participaron los presidentes de las comisiones de Justicia, el senador Adolfo Flores, y de Constitución, la senadora Patricia Arce.

Por este acuerdo, la sesión del Senado instalada este miércoles fue declarada en cuarto intermedio, con el fin de consolidar un solo proyecto de ley que regule la preselección de los postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Ahora hemos decretado un cuarto intermedio (en la sesión), teniendo en cuenta de que hay otro proyecto de ley que Comunidad Ciudadana que lo ha estado trabajando en la Cámara de Diputados, creemos importante que podamos generar estos espacios, debatir, analizar y reinstalar nuevamente nuestra sesión”, explicó Alarcón.

POR DOS TERCIOS

Además de consensuar la redacción del proyecto de ley, los legisladores deben garantizar que esta sea aprobada con el respaldo de los dos tercios de los senadores, tal como determina la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del 31 de julio que declaró inconstitucional la segunda convocatoria y el reglamento del proceso de preselección.

Alarcón afirmó que “a pesar de los obstáculos” que se presenten, la Asamblea Legislativa “agotará todas las instancias posibles por garantizar al pueblo boliviano su derecho de poder elegir a sus autoridades judiciales”.

El senador de CC Guillermo Seoane, que suple a su titular Andrea Barrientos, saludó “la gran iniciativa” de la senadora Alarcón de reunir a las tres bancadas para garantizar las elecciones judiciales.

El trabajo del Legislativo debe realizarse a contrarreloj, en virtud de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio plazo para recibir la lista de los candidatos preseleccionados hasta el lunes 4 de septiembre, con la finalidad de realizar las elecciones en diciembre y que los nuevos magistrados asuman sus cargos en enero de 2024.

OPCIONES

Como una salida a los plazos, por ejemplo se plantea que la vacación judicial comience el primer día hábil de enero con el objetivo de que tras ese periodo ya se cuente con los nuevos magistrados.

Critican al 'Vice' no acordar con las bancadas

Los legisladores de la oposición cuestionaron la falta de interés del vicepresidente, David Choquehuanca, para llegar a un consenso con las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa que permita viabilizar la ley para garantizar las elecciones judiciales. 

“A mí me parece una cobardía que el vicepresidente David Choquehuanca diga que el proyecto de ley (para las elecciones judiciales) está en la cancha del Senado. Deben hacerle notar que él debería tener la capacidad de unir a las tres fuerzas políticas, porque es el presidente nato de la Asamblea Legislativa”, manifestó la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María.  

Estas aseveraciones surgen luego que el vicepresidente envió una nota de respuesta a la solicitud que hizo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para que convoque a una reunión de coordinación con las bancadas y continuar con el tratamiento del proyecto de ley 144 que regula la preselección y selección de candidatos al Órgano Judicial. 

En la sesión del pleno del Senado que se realizó este miércoles se conoció que Andrónico Rodríguez envió dos notas a David Choquehuanca, pidiendo una reunión de coordinación. 

Intercambio de cartas entre Andrónico y Choquehuanca

Un intercambio de cartas entre el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, revela la existencia de marcadas diferencias entre las dos autoridades; los partidos políticos avanzan solos en la búsqueda de consensos.

La primera nota enviada por el presidente del Senado es del 3 de agosto, en el que le pide convocar a una reunión el 8 de ese mes y que permita llegar a un consenso de aprobación del proyecto de ley y se dé una solución al proceso de preselección y selección de magistrados al Órgano Judicial. 

El 8 de agosto, el legislativo determinó conformar una comisión técnica extraordinaria para consensuar y fusionar los proyectos de ley sobre las elecciones judiciales. Sin embargo, no se encontró ninguna solución debido a la inasistencia de los legisladores. 

Tras el fracaso de esa comisión el 15 de agosto Rodríguez remitió una segunda carta en el que pide al vicepresidente convocar nuevamente a una reunión para llegar a un acuerdo que permita retomar el tratamiento del proyecto de ley. Además, solicita conocer si aún está en vigencia la comisión técnica.

“A fin de dar continuidad al tratamiento del referido proyecto de ley con los acuerdos requeridos, solicito a su persona como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convoque nuevamente a reunión de coordinación y consensos con los actores antes mencionados, para el tratamiento del referido proyecto de ley, salvo su mejor criterio”, se lee en la carta.  

Después de 13 días, Choquehuanca respondió a esa nota donde le indica que el proyecto normativo en cuestión debe seguir el procedimiento legislativo establecido en el artículo 162 de la Constitución Política del Estado (CPE), indiferentemente si se “llega a un acercamiento político en la comisión técnica”.  

“En ese sentido, corresponde imprimir el procedimiento legislativo observando la normativa vigente, independientemente de los mecanismos de facilitación o acercamiento políticos como la mesa técnica”, dice la parte final de la nota enviada por el vicepresidente. 

Al respecto, el senador de Creemos Henry Montero cuestionó que Choquehuanca haya respondido después de casi dos semanas, afirmó que están actuando igual que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a quien criticaron que haya emitido una sentencia posterior a la fecha establecida. 

“Recién responde el 28 de agosto, eso muestra que están actuando al igual que el Tribunal Constitucional Plurinacional para que esto no se lleve a cabo, pero seguramente nos convocaran a la sesión para que se pueda tratar el proyecto de ley en la plenaria sin consenso”, indicó.  

Al llegar a fin de mes, no fueron Choquehuanca ni Rodríguez quienes convocaron a una reunión, fue la presidenta en ejercicio, Gladys Alarcón, la que llamó a una reunión de las tres bancadas en Senadores. La misma no tuvo resultados y las reuniones continuarán solo entre los partidos, sin ninguna participación del presidente nato de la Asamblea.

Juristas: No habrá elecciones judiciales

Las elecciones judiciales no van a realizarse, advierte Kathia Saucedo, del grupo de juristas independientes, al instar una vez más a los actores políticos a un acuerdo que viabilice una reforma parcial de la Constitución sobre el tema justicia. De lo contrario, Bolivia se enfrentará a un enorme vacío de poder a partir del 31 de diciembre, advirtió.

Saucedo, en entrevista con Correo del Sur Radio, considera que si no se logró los dos tercios en lo mínimo como es la aprobación de una ley de convocatoria, será imposible conseguir este requisito en cada uno de los procedimientos de preselección. 

En su criterio, la sentencia 060/2023 que anuló la convocatoria y proceso de preselección judicial, es una “argucia para que las elecciones judiciales no se realicen” y peor aún si ese fallo salió con demora.

“Nosotros creemos que las elecciones judiciales no van a realizarse, de hecho los plazos ya no lo permiten”, manifestó.

Ante este escenario, Saucedo dijo que el grupo de Juristas Independientes presentó el lunes notas a los representantes de bancadas y al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que inicien un proceso de reforma parcial a la Constitución y convocar a referéndum sobre la base de su propuesta.

En caso de no realizarse la elección judicial, la abogada advierte dos escenarios: la prórroga de mandato que es inconstitucional y provocaría demandas de nulidad de los actos de los prorrogados; y el otro, la designación por decreto de magistrados, lo que significaría la intromisión del Órgano Ejecutivo en el Judicial y socavar más aún la independencia.

Explicó que la propuesta de reforma estructural apunta a reducir la competencia de la Asamblea Legislativa, que es un órgano eminentemete político, en el proceso de preselección y que debe estar en manos de una instancia que garantice idoneidad, solvencia y meritocracia.