Cobro en el TSJ: Preparan resolución para ir a juicio
Dicen que hay más casos, pero no se denuncian; la víctima dio su versión dos veces
Al filo de los seis meses de investigación, la Fiscalía alista la resolución de acusación en contra del exfuncionario implicado en el cobro de 20.000 bolivianos por un fallo en la Sala Social Primera del TSJ; si bien habría otros casos similares, de momento no hay indicios ni denuncias.
En el Ministerio Público de Chuquisaca se conoció que el denunciante y víctima hizo su declaración ampliatoria en la Fiscalía de Santa Cruz, vía cooperación, al tener residencia en esa ciudad, pero no reveló más datos sobre otros involucrados en supuestos cobros.
Los fiscales asignados al caso alistan la resolución de acusación dentro de los seis meses de iniciada la investigación, a partir de marzo de este año.
El pasado 16 de marzo, CORREO DEL SUR publicó la denuncia de un litigante que fue víctima del cobro de Bs 20.000 por un fallo, por parte de un funcionario de la Sala Social Primera del TSJ, que fue investigado por el Ministerio Público que lo identificó y logró que el juez Gary Bracamonte ordene su encarcelamiento de forma preventiva, pero el vocal Hugo Michel dispuso su libertad.
El magistrado del TSJ, José Antonio Revilla, cuyo funcionario de confianza se vio involucrado en este caso, manifestó en agosto que este no es el único hecho de corrupción que debería preocupar, pues hay otros que no están denunciados ni investigados.
Reveló que en pasillos de los tribunales judiciales se comenta de hechos de extorsión, que no deben quedar en comentario sino denunciarlos e investigarlos.
NO HAY QUERELLA
El magistrado anunció que se constituiría en querellante junto con la Sala Plena, pero la fecha no concretó su querella.
En caso de no haber más elementos de información sobre otros implicados dentro de este caso, el Ministerio Público resolverá este hecho con el único denunciado, J.A.C.B.
El abogado y exasambleísta constituyente por el MAS Edgar Arraga señaló que hay otros casos de cobros, pero que los litigantes prefieren no denunciar para no complicar su situación jurídica.
En su criterio, la prueba de que hay cobros es que algunos funcionarios del entorno de los magistrados en muy poco tiempo aparecen con bienes patrimoniales de valor.
¿INVOLUCRADOS?
El denunciante y víctima del cobro y extorsión hizo una segunda declaración ampliatoria y se ratificó en los términos de su primera versión, pero no aportó con nuevos elementos sobre otros dos involucrados en estos cobros.