TCP dice que aplicará la decisión de la CIDH sobre la reelección en sus fallos

“Cuando conozcamos una causa y donde verifiquemos que exista necesidad de aplicar cualquier instrumento internacional ese es el momento en el que vamos a tomar una decisión”, sostuvo el presidente del órgano constitucional, Paul Franco.

El presidente del TCP, Paul Franco. El presidente del TCP, Paul Franco. Foto: Archivo

Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL
Seguridad / 13/09/2023 18:29

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 cerró las puertas a una reelección presidencial indefinida, porque no constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana, será aplicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las sentencias que emita, dijo este miércoles el presidente del órgano constitucional de Bolivia, Paul Franco, consultado si esta posición de la Corte internacional es vinculante.

En noviembre de 2017, el TCP conformado por los antecesores de los actuales magistrados, a través de la sentencia 084/2017, declaró constitucional la reelección presidencial indefinida como un derecho humano, cuatro años después, por una Opinión Consultiva interpuesta por el gobierno colombiano, la CIDH resolvió que la reelección de por vida es contraria a los principios de una democracia representativa.

El martes, el presidente del TCP, Paul Franco, dijo que esta sentencia está vigente mientras no exista otro fallo constitucional.

Este miércoles, la autoridad señaló que todas las opiniones consultivas que emite el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se constituyen en una fuente y se pueden considerar dentro de un caso concreto.

“Entonces el día en que nosotros tengamos que resolver un caso concreto donde se tenga que analizar cualquier Opinión Consultiva, analizar la aplicación preferente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Culturales y todo aquello que emerge del Corpus Iuris de derechos, así lo vamos a hacer”, sostuvo.

La autoridad indicó que al momento de conocer una causa relacionada con la reelección se tomará en cuenta la Opinión Consultiva de la CIDH. “Cuando conozcamos una causa y donde verifiquemos que exista necesidad de aplicar cualquier instrumento internacional ese es el momento en el que vamos a tomar una decisión. Tenemos que pronunciarnos en el momento en que estamos conociendo una causa y ¿cómo nos vamos a pronunciar? a través de una resolución constitucional”, puntualizó.

El abogado constitucionalista Jaime Hurtado explicó que la decisión de la Corte IDH que prohíbe la reelección indefinida emergió de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, la misma norma en la que se basaron como fuente para su sentencia los anteriores magistrados del TCP, pero haciendo una interpretación “vergonzosa”, según sus palabras.

Hurtado insistió en que el TCP de motu proprio debió retirar la sentencia, en actitud de control de calidad y autocorrección de las sentencias dictadas.

“Lo que da a entender que el TCP no tiene motivación ni a petición de parte, peor de oficio para corregir una sentencia insustentable por la misma entidad, el Pacto de San José”, puntualizó.

Aclaró que una sentencia, como la 084/2017 que avaló la reelección, en un Estado parte de la CIDH, no puede seguir vigente porque “rompe su espíritu de ser una sentencia correcta, legal y justa”.  

Por su lado, el expresidente del Colegio de Abogado de Bolivia (Conalab) y abogado especializado en asuntos internacionales, Arturo Yáñez, sostuvo que las Opiniones Consultivas de la CIDH son vinculantes y, por tanto, su decisión sobre la reelección tendrá que ser acatada en cualquier interpretación futura. Apuntó que, en el caso específico de Evo Morales, incluso podría dejarlo fuera de la candidatura presidencial.  

Según la resolución de la CIDH, la función consultiva busca coadyuvar a los estados miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia y definan y desarrollen políticas públicas en derechos humanos.

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