Una madre de familia buscó a policías para que puedan ejecutar un mandamiento de apremio contra el padre de su hija, quien le adeudaba poco más de 20.000 bolivianos de asistencia familiar, pero los efectivos le pidieron el 5% o 10% de ese monto.
El deudor puede ser recluido en un centro penitenciario por el lapso de seis meses.
El abogado de Martha buscó a un policía para que detenga al deudor, sin embargo, uno le “cobró” el 10% del monto de la asistencia familiar, mientras que otro le dijo que podía costar hasta el 5% del monto de la deuda.
La abogada de Mujeres Creando, Heidy Gil, aseguró que en los procesos familiares “todo es gratuito, nada se cobra”.
“El problema aquí es que los policías (incurren) en una corrupción total, no todos, pero estos policías están haciendo algo totalmente ilegal”.
El 10% de Bs 20.000 es Bs 2.000, es decir una buena parte de la pensión que le corresponde a una mujer que tiene un sinfín de necesidades, lo que causa una afectación considerable a los intereses de los niños, niñas y adolescentes.
A ello se suman los honorarios del abogado que atenderá el caso en los estrados judiciales.
Martha es de escasos recursos económicos, recurrió al extremo del mandamiento de apremio porque durante tres años su expareja eludió concederle la asistencia familiar para la manutención de su niña.
En estos casos, las mujeres deben acudir a una EPI de su zona, llamar al 110 o a cualquier policía para que detengan al deudor, si el agente se niega está incurriendo en “incumplimiento de deberes”, remarca la jurista.
Gil insistió que cobrar un porcentaje de la asistencia familiar es un “abuso totalmente irregular” y un “delito” que no se debe tolerar.
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