TSJ insta a Legislativo y Ejecutivo a garantizar la justicia a partir del 3 de enero de 2024
El Presidente del Tribunal Supremo también habló de la posibilidad de que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, en un contacto con la prensa en Sucre. Foto: CORREO DEL SUR El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) invocó al Ejecutivo y al Legislativo a dar certidumbre a la ciudadanía, particularmente a quienes tienen juicios en los altos tribunales de justicia del Estado, para que a partir del 3 de enero de 2024 se garantice la continuidad de los servicios, atribuciones y funciones que cumple el Órgano Judicial en el marco de las leyes, la Constitución y el encargo del soberano.
El presidente del TSJ, Ricardo Torres, recordó este miércoles que los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) concluyen su mandato constitucional de seis años el próximo 31 de diciembre.
“Cumplimos nuestro mandato el 31 de diciembre, hasta ahí llega el mandato que recibimos constitucionalmente como magistrados. Lo que vaya a ocurrir en adelante, a partir del 3 de enero, compete a otros órganos del Estado, resolver la continuidad de los servicios que presta el Órgano Judicial, las atribuciones y funciones que vienen del soberano, del poder constituyente”, declaró Torres a periodistas de Sucre.
Aseguró que en el TSJ están en etapa de organización y de elaboración de informes finales, tanto de las salas especializadas y de Sala Plena, para entregar una gestión ordenada y que se conozcan los resultados de su trabajo.
¿SE QUEDARÍAN?
Al ser consultado sobre si se quedarían en sus cargos en caso de que alguno de los órganos del Estado, Legislativo o Ejecutivo, emitiera una ley o un decreto para ampliar sus mandatos, Torres respondió:
“Las actividades jurisdiccionales que cumplen los jueces, vocales y magistrados provienen de las leyes y de la Constitución, entonces eso (la ampliación) ya compete a otros órganos del Estado, definir y decidir qué es lo que va acontecer a partir del 3 de enero de 2024. Eso ya es competencia de otros órganos del Estado, a quienes convocamos e invocamos den certeza a la ciudadanía y particularmente a quienes litigan en los altos tribunales del Estado”.
FALLO SOBRE CONSULTA
Torres se refirió también a la consulta previa sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de las Elecciones Judiciales, que fue presentada al TCP, e indicó que esa sentencia dará mayores luces sobre esos comicios.
“Esperamos que se resuelva respetando los plazos y se conocerá respecto a lo que suceda con las elecciones judiciales”, puntualizó.
