Imputación contra líderes genera reacción cruceña
Las 5 autoridades fueron acusadas por terrorismo, discriminación y racismo
La imputación contra líderes cruceños por el paro de 36 días del pasado año por el Censo motivó una reunión de la Coordinadora por la Democracia y la Libertad, que entre sus conclusiones determinó convocar al Comité pro Santa Cruz a un nuevo encuentro en busca de instalar una Asamblea de la Cruceñidad.
Los imputados dentro del caso son Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm); Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm; José Luis Santiesteban, abogado constitucionalista; y Luís Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
Los delitos tipificados en la imputación son terrorismo; resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes; racismo; discriminación; atentados contra la libertad de trabajo; atentado contra la seguridad de los servicios públicos; impedir o estorbar el ejercicio de funciones; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas.
“Solicitar una reunión con el Comité pro Santa Cruz para convocar a una Asamblea de la Cruceñidad para recordar la lucha de los 21 días, la renuncia de Evo Morales y desde allí realizar una convocatoria nacional”, señala una de las conclusiones de la reunión celebrada ayer en ambientes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
En la reunión no participaron dirigentes cívicos, aunque sí estuvieron presentes en una conferencia de prensa que las autoridades de la Uagrm ofrecieron antes del encuentro.
El rector de la Uagrm informó ayer que fue notificado con la imputación, pero denunció que esa acción es parte de un plan para perseguirlo y acosarlo políticamente porque manifestó sus intenciones de pugnar por la presidencia en la siguiente elección.
También determinaron mantener “la expectativa en la realización de un Censo oportuno y transparente”, exigir un nuevo padrón electoral y reafirmar la vigencia de la Coordinadora como articuladora de acciones de movilización, con un representante de cada institución.
Entre las conclusiones, la Coordinadora determinó convocar a una caravana, el domingo 27 de octubre, hasta la zona de acuíferos para colocar el ‘Mojón vigilante’ junto a la mancomunidad de municipios cruceños.
Finalmente, decidieron presentar denuncias sobre estos casos ante la Corte Internacional de Justicia y apoyar el Primer Congreso de Derechos Humanos, a realizarse el 24 y 25 de octubre.