La Calancha: Cifran esperanzas en la determinación de la CIDH

Se cumplen 16 años de los luctuosos hechos de “Noviembre Negro” y hasta ahora la justicia boliviana no estableció responsables por la represión policial que dejó tres muertos y cientos de heridos durante las movilizaciones sociales por la capitalidad plena en 2007. Ante la inacción del Estado y la Justicia bolivianos, la expectativa está puesta sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibió el caso en 2015, lo declaró admisible en 2021 y este fin de año o a comienzos del próximo podría decidir sobre el fondo de este asunto.

“El caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo, dado que se han cumplido los requisitos reglamentarios establecidos en el artículo 37 del Reglamento de la CIDH. La Comisión puede decidir sobre el fondo de este asunto en cualquier momento en función de la información disponible en el expediente”, señala el informe de admisibilidad de la CIDH del 8 de julio de 2021.

La denuncia fue planteada por el entonces diputado Horacio Poppe. Su abogado ante la CIDH, Antonio Gantier, remarcó en Correo del Sur Radio que este caso tuvo que ser “arrastrado” hasta esa instancia internacional luego de que no prosperaran los procesos penales y disciplinarios contra funcionarios policiales y el juicio de responsabilidades contra altas autoridades.

Cabe recordar que siete meses después de la crisis en Sucre, el 31 de julio de 2008, el fiscal general de entonces, Mario Uribe, interpuso un requerimiento acusatorio contra el exministro Alfredo Rada y los exjefes policiales Miguel Humberto Vásquez Vizcarra, Jorge Espinoza Salinas y José Galván Flores, dejando fuera desde un inicio al expresidente Evo Morales. 

Desde octubre de 2010, la investigación se encuentra detenida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la espera de una “autorización de juzgamiento”. 

Hubo un intento de un juicio ordinario, pero tampoco prosperó. Los denunciantes esperan que el informe final y las recomendaciones de la CIDH concluyan, principalmente, en una obligación del Estado de reactivar el juicio de responsabilidades.

Gantier recordó que el informe de admisibilidad de la CIDH determina que “existen serios indicios de violación a derechos humanos, más propiamente a la vida, la integridad física y las garantías judiciales; eso quiere decir que la Comisión ya sabe que se ha matado, se ha lastimado y que se ha negado el acceso a la justicia a todas estas víctimas durante los luctuosos hechos del 2007 y que el Gobierno, la Policía Nacional tienen cierto grado de responsabilidad civil, penal y administrativa”.

ESPERA

La previsión es que este fin de año o a comienzos del próximo la CIDH emita su informe final, estableciendo que esos tres derechos (vida, integridad física y garantías judiciales) “han sido lesionados y que el Estado boliviano está obligado a realizar acciones efectivas para resarcir esos derechos lesionados”, a decir del abogado Gantier.

Este lunes, Juan Cardozo, como representante de los familiares de las víctimas fatales de La Calancha, presentó un memorial al fiscal general, Juan Lanchipa, solicitando respuesta sobre qué acciones procesales tomó para lograr la autorización legislativa de juicio y para preservar la prueba ante el transcurso del tiempo; también consulta qué fiscal se encuentra a cargo del caso y si los actuados del proceso fueron subidos al sistema de Justicia Libre.

Todos los años, y no solamente en estas fechas, el hermano de José Luis Cardozo, uno de los tres fallecidos, ha acudido a la justicia en busca de respuestas, sin éxito.

Herido

Jamill Pillco

HERIDO

“Por lo menos yo he logrado superar porque he estado seis años sin hablar, pero gracias a cuatro operaciones que me he hecho he logrado recuperar mi voz. Pero hay personas, dos en especial, que no van a recuperar porque han sido mutilados de las manos, y hay otros dos que han tenido consecuencias renales a consecuencia de que les han pateado demasiado y hay muchos otros que han muerto en la pandemia del covid-19 porque quedaron con secuelas del asma”.

SALUD

Juan Cardozo

HERMANO DE UN FALLECIDO

“Ha destruido la dignidad, la fuerza, porque a consecuencia de esto los papás de estos tres jóvenes, incluidos mis padres, muchos han fallecido por ese vacío, ha afectado la salud, ha afectado su vida. Mi mamita, 15 años con embolia, tiene todo el cuerpo paralizado; lo mismo don Pedro Serrudo, Q.E.P.D., todo ha sido por buscar justicia, todo ha sido por este vacío que ha dejado. No hay precio que pueda cerrar este vacío”.

23 DE NOVIEMBRE 

12:30 Se desata el primer enfrentamiento de la jornada en alrededores del Teatro Gran Mariscal, mientras se realiza un cabildo en la Plaza 25 de Mayo.

13:00 Empiezan a llegar los heridos a los hospitales.

14:15 Las campanas de la Catedral repican.

15:00 Vecinos y manifestantes se apostan en el puente de La Calancha, en la zona de El Tejar, y sostienen enfrentamientos con las fuerzas del orden

Los choques duran toda la tarde en diversos puntos de la ciudad y con mucha intensidad en El Tejar y el puente de La Calancha, pese al anuncio de repliegue de fuerzas policiales que hizo el Comandante Departamental de la Policía.

18:21 La población enfrentó la acción policial con piedras, palos, cohetes y otros artefactos caseros.

Los duros choques con los uniformados se extienden hasta la madrugada.

Aproximadamente 150 heridos fueron auxiliados por los centros de salud.

Durante los enfrentamientos, 70 estudiantes fueron detenidos en el Comando Departamental.

24 DE NOVIEMBRE 

La Asamblea Constituyente sigue sesionando en el Liceo Militar con el propósito de aprobar el proyecto constitucional. 

La población, movilizada y enardecida, levanta barricadas en las esquinas con diferentes objetos y con llantas ardiendo.

Entre las 18:30 y las 19:00, la confrontación llega a su punto más álgido en la zona de La Calancha. En ese período de tiempo, el abogado Gonzalo Durán cae herido de bala. Se le verifica un “orificio de entrada en la tetilla derecha, (…) minutos después, confirman su muerte en el Hospital Santa Bárbara”. Pese a ello, la sesión de la Asamblea prosigue.

Medios de comunicación informan que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se encuentra en el Liceo Militar. 

Los enfrentamientos se intensificaron en la zona de El Tejar, La Calancha y cerca del Liceo Militar hasta la madrugada.

Se reporta el segundo fallecimiento en Sucre. Se trata de José Luis Cardozo Lazcano, quien recibió el “impacto de un proyectil –no bala– en el tórax y dos días después murió por hemorragia interna” en el hospital. 

El proyecto constitucional es aprobado en grande mientras una fuerte represión continúa. Durante este día la población tomó varias oficinas estatales y privadas y se desata el caos.

25 DE NOVIEMBRE 

Temprano en la mañana los policías son rebasados por los manifestantes, que terminan de incendiar y saquear Orden y Seguridad. El siguiente objetivo de los ciudadanos, la Unidad Operativa de Tránsito, donde Juan Carlos Serrudo cae muerto. Cuando a los policías se les acaban los gases son golpeados y expulsados por los universitarios.

Aproximadamente, 40 vehículos particulares y policiales que se encuentran en Tránsito son quemados. 

Canales de televisión muestran imágenes de policías capturados y agredidos físicamente por los manifestantes, muy cerca de donde se realizaba el velorio de Gonzalo Durán. La Policía repliega todos sus efectivos a la ciudad de Potosí, lo que deja a Sucre sin institución del orden y seguridad. 

Cerca del mediodía comienza un motín en el penal de San Roque que deriva en la huida de gran parte de los internos. Canales de televisión muestran a policías ayudando a salir a los internos del penal y a visitantes dominicales que corrían el riesgo de ser alcanzados por el fuego. En el resto de la jornada las manifestaciones en la ciudad se disuelven paulatinamente.