Se requieren dos tercios del Legislativo para viabilizar las judiciales

Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara inconstitucionales algunos artículos del proyecto de Ley 144 de Elecciones Judiciales, las tres bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tienen ahora la obligación de hallar consenso político logrando los dos tercios de votos necesarios para aprobar la norma que viabilice estos comicios, según lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 158, parágrafo 5, de la CPE establece como una de las atribuciones de la ALP la preselección de los postulantes para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) con una ley aprobada por dos tercios.

El proceso para iniciar el trámite de las judiciales está en manos de las tres bancadas de la ALP, que, después de lo establecido por la Declaración Constitucional 0049/2023 del TCP, tienen ahora la obligación de hallar consenso político.

LOS PASOS

Una vez que el miércoles se emitió dicha declaración constitucional en Sucre, le corresponde a la Cámara de Diputados retomar el proceso de aprobación de esta norma haciendo las modificaciones a los artículos que el TCP declaró inconstitucionales, según explicó a CORREO DEL SUR la senadora y exmagistrada de esa institución, Silvia Salame (CC).

En el momento en que el proyecto de ley se encontraba a consideración de la Cámara Baja, tras la remisión del Senado, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, planteó la consulta previa de constitucionalidad al TCP, lo que paralizó el trámite por más de dos meses.

Salame explicó que ahora corresponde que Diputados, a través de la Comisión de Constitución, analice la declaración del TCP y haga las modificaciones dispuestas por el Constitucional, que declaró inconstitucionales algunos artículos del proyecto.

Esas modificaciones deben ser aprobadas en el pleno de Diputados –algo que podría ocurrir esta semana– y, después, el proyecto ser remitido nuevamente al Senado para su aprobación y posterior promulgación, por parte del Presidente del Estado, en caso de no haber modificaciones. En criterio de la legisladora, podría ser aprobado hasta la próxima semana.

Solo si el Senado no aceptara las modificaciones que hizo Diputados al proyecto de ley, esta consideración pasa al Pleno de la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.

La senadora confía en que la Cámara Alta no rechazará las modificaciones de la Cámara Baja, porque estos cambios emergen de una declaración constitucional y tiene que aprobarla y remitirla al Presidente del Estado para su respectiva promulgación.

Una vez promulgada por el Presidente, la norma vuelve a la Asamblea, que debe comenzar el proceso de preselección de postulantes dentro de los plazos establecidos por la ley.

Esa lista de postulantes pasa a manos del Órgano Electoral y este, a su vez, solicita a la ALP la aprobación de una ley de convocatoria a elecciones judiciales, que debe ser aprobada por dos tercios de votos. Con esa norma se regirían las actividades electorales.

 

 

JUICIO A MAGISTRADOS

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, con votos de CC, Creemos y el ala “evista” del MAS, impulsar un juicio de responsabilidades a los magistrados del TCP que emitieron un fallo que prorroga su mandato, según informó a Correo del Sur Digital el senador de CC Santiago Ticona.

Determinaron la conformación de una comisión técnica jurídica para analizar el eventual proceso y modificar la ley de juicio de responsabilidades.

Ticona precisó que parlamentarios del ala “arcista” mostraron su disconformidad, pero no se opusieron.

ACUSACIONES

En medio de las reacciones por el fallo del TCP, desde Creemos denuncian que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aceptó la prórroga y negó un acuerdo para iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados que emitieron este fallo.

“No tuvieron los pantalones para decir: sí hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidad entre las tres fuerzas políticas que estábamos sentados”, reclamó el diputado de Creemos Henry Montero, al final de la reunión entre autoridades del Legislativo y jefes de bancadas a convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca, realizado el martes.

Montero cuestionó que los representantes del MAS no pudieron demostrar bajo la Constitución Política del Estado que la tuición de ese tribunal era de emitir una declaración de “autoprórroga”.

El diputado del MAS Juan José Jáuregui respondió a su colega de Creemos y señaló que la posibilidad de plantear un juicio de responsabilidades no requiere de consenso político, sino –explicó– puede ser activado de forma individual e incluso puede hacerlo cualquier ciudadano.

Elecciones Judiciales: Parlamentarios plantean ley corta con ajustes sugeridos por el TCP

En la reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca tras la decisión del TCP de prorrogar el mandato de los magistrados hasta una nueva elección, las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa coincidieron en la “necesidad urgente” de avanzar en la ley corta para las elecciones judiciales.  

El TCP resolvió el pasado martes declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de este proyecto de ley 144 que había sido aprobado en el Senado, con el argumento de que no se puede delegar al personal subalterno las funciones de las máximas autoridades y tampoco se debe suspender los servicios judiciales ni los plazos procesales.

Ante esta decisión, Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocó a las autoridades del Legislativo y los jefes de bancadas a una reunión, en la que las fuerzas políticas remarcaron la “necesidad urgente” de encaminar las elecciones judiciales con una ley, indicó el diputado del MAS Juan José Jáuregui.

“Lo que queda absolutamente claro en las tres fuerzas políticas es que existe la necesidad urgente de proseguir con el tratamiento de la ley 144, y en consecuencia a la decisión o declaración constitucional se tengan que hacer los ajustes correspondientes”, explicó y aclaró que la declaración constitucional “no permite recurso posterior”.

El senador del MAS, Hilarión Mamani, dijo que hubo una coincidencia entre las tres fuerzas políticas que hubo un “golpe a la justicia” tras haber vulnerado los derechos constitucionales y que se debe también  convocar “oportunamente” a las elecciones judiciales mediante el trabajo legislativo con las observaciones que el hizo el TCP.

VOLUNTAD POLÍTICA

El jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, aseguró que hay la voluntad política para garantizar las elecciones judiciales de forma transparente, buscando a las personas idóneas y que respondan a la expectativa del pueblo.

Justamente está en trámite el proyecto de ley 144 que regula la preselección y habilitación de postulantes. Los actores políticos coincidieron en proseguir con el tratamiento de esta norma.

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Guillermo Seoane, quien participó del encuentro, confirmó que se llegó a un “acuerdo” de volver a analizar la norma propuesta por el Senado para realizar los comicios en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Procurador: TCP salió “en auxilio” de la Asamblea Legislativa

Las primeras voces desde el Gobierno apoyando la declaración constitucional que prorroga el mandato de los magistrados del TCP aparecieron este miércoles cuando el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que los poderes del Estado deben seguir funcionando.

“Es un momento de transición de los órganos del Estado, en un momento en el que la Constitución y la democracia deben prevalecer sobre cualquier tipo de interés, sobre cualquier afán de destruir la democracia. Una sociedad como la boliviana, que es profundamente respetuosa de su Constitución, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente”, afirmó en su discurso ante la misión de la CIDH en la Cancillería.

El procurador general del Estado, César Siles, consideró que la decisión de los magistrados de prorrogarse en el cargo, más allá de su mandato de seis años, está acorde a la Constitución Política del Estado, puesto que se debe evitar un vacío de poder generado por la no realización de elecciones judiciales.

“Bolivia tiene cuatro órganos del Estado que funcionan simultáneamente. No puede existir un vacío de poder. Los cuatro órganos debe seguir funcionando independientemente del cumplimiento del mandato de las autoridades actuales, de representantes del Órgano Judicial”, dijo Siles.

La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional, en atención a una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, los opositores y “evistas” rechazaron que los propios magistrados hayan decidido autoprorrogarse en el cargo. Consideran que debían haberse retirado el 2 de enero, por lo cual plantearon enjuiciar a los magistrados.

Siles justificó que cuando un órgano del Estado “no cumple su atribución constitucional”, como pasó con la no realización de las elecciones judiciales, otro órgano “debe salir en su auxilio”.

“En consecuencia, consideramos que es una declaración constitucional enmarcada en la Constitución Política del Estado, en el principio vinculante de la Constitución y la irradiación de esa vinculatoriedad”, acotó.

El Procurador recalcó que el único intérprete de la Carta Magna es el Tribunal Constitucional, instancia que asume todas las responsabilidades que emerge de eso.

TSJ niega “actitudes delincuenciales”

Después de los cuestionamientos por la “autoprórroga” de los magistrados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, defendió al Órgano Judicial y negó que haya “actitudes delincuenciales” de manera corporativa. Dijo que puede haber casos que deben ser denunciados de manera concreta.

Torres respondió así a una pregunta periodística respecto a si los magistrados tenían los méritos para continuar en el cargo en un contexto en el que se acusa a la justicia de sometimiento político y existen reclamos de litigantes.     

“No es el Órgano Judicial que institucionalmente, de manera corporativa, asume actitudes delincuenciales o se aparta de la Constitución y las normas. Su pregunta daría a entender aquello y yo niego enfáticamente. Puede haber operadores de justicia que sí se apartan, pero tienen que ser denunciados de manera específica, concreta y, en lo posible, con nombre y apellido”, manifestó el Presidente del máximo tribunal del país.

Respecto a las advertencias de enjuiciar a los magistrados por la prórroga de su mandato, Torres señaló que, de ser así, también se debería procesar a las autoridades que fueron prorrogadas en 2020.

En 2020, el Tribunal Constitucional permitió la prórroga del mandato de la entonces presidenta Jeanine Áñez, asambleístas y todas las autoridades subnacionales, bajo el argumento de que se debía evitar un vacío de poder.

Para Torres, la prórroga de 2020 y la actual de magistrados son situaciones análogas.

El Presidente del TSJ fue precisamente quien solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncie respecto al tema de las elecciones judiciales declarando la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Senado para la preselección de candidatos. En ese mismo fallo, se estableció la prórroga de los magistrados actuales hasta que haya reemplazantes elegidos por voto popular.

Torres cuestionó que el proyecto de ley “vulneraba varios derechos como el acceso a la justicia” y pretendía “generar una vacancia y un vacío de poder encargando al personal subalterno que se haga cargo de la transición hasta que se hagan las elecciones judiciales”.

OPINIONES

• Ante una noticia de El Deber en sentido de que “el gobierno justifica prórroga de magistrados y la Procuraduría dice que es inconstitucional”, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé tuiteó lo siguiente: “Dilataron deliberadamente las elecciones judiciales, hoy resulta tardía e inverosímil su invocación de la CPE y la democracia. Ningún órgano del Estado puede asumir ni delegar funciones de otro poder. Menos en desmedro del ciudadano y en favor de su propio interés”.

• El abogado constitucionalista José Luis Santistevan considera que el fallo del TCP tiene dos lecturas, una política y otra constitucional. Según esta última, se viola la Carta Magna, que establece que las funciones de los magistrados son por seis años. En la lectura política, indicó que el TCP falló sobre algo que no se le consultó. “Esto quiere decir que de oficio el TCP le aumentó un párrafo. Su fallo no ha sido sobre una consulta, ha nacido del mismo Tribunal”, dijo a Unitel.

• El abogado constitucionalista Antonio Espinoza catalogó lo ocurrido en el TCP como “autoprórroga” de los altos cargos judiciales y un “un golpe judicial artero a la democracia”. Los Juristas Independientes coinciden en que se incurrió en prevaricato. “Va contra la CPE, que pone un parámetro de seis años para el periodo de mandato de estas autoridades judiciales y ellos a través de una interpretación, como guardián de la CPE, violan este parámetro”, dijo a Unitel.

• El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, Juan Pablo Cervantes, cuestionó que los magistrados se hayan convertido en “juez y parte” en una declaración que les beneficia. Dijo que no descartan denunciarlos ante la CIDH. “Este fallo deja el tela de juicio la imparcialidad, esa declaración adolece de serios errores y han sacado tal cual la sentencia que avala la reelección de Evo Morales”, declaró a Correo del Sur Radio.

• El criterio del exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldivieso, los magistrados asumieron la decisión de prorrogarse el mandato usurpando funciones del titular de la soberanía, que es el pueblo. “El propio guardián y custodio de la Constitución la ha vulnerado. ¿Quién podrá defendernos?, ¿quién va a defender a Bolivia si el encargado de hacer cumplir la Constitución la vulnera, la cambia, la modifica para hacer un favor político?”, cuestionó.