Justicia de EEUU ordena a Murillo pagar $us 6 millones a Bolivia

La justicia de Estados Unidos determinó que el exministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, debe pagar más de 6 millones de dólares al Estado boliviano, como consecuencia del daño económico en el caso ‘Gases lacrimógenos’, informó el abogado Thomas Becker.

Esta decisión surge dentro del proceso civil que inició el Estado boliviano contra Murillo con la finalidad de recuperar el monto afectado por el presunto sobreprecio en la adquisición de los gases durante el Gobierno transitorio (noviembre 2019-noviembre 2020).

Según explicó Becker a Erbol, el monto que debe pagar Murillo no solo es por el daño económico, sino que también el tribunal calculó los costos legales del proceso. Señaló que Murillo perdió este caso al no participar del proceso, puesto que no respondió al juicio.

Aclaró que se trata de un proceso civil diferente a la causa criminal que ya se desarrolló en Estados Unidos y que resultó en una condena contra el exministro.

La semana pasada, Sergio Méndez, colaborador estrecho de Murillo, fue enviado a la cárcel San Pedro de La Paz con detención preventiva tras ser deportado por Estados Unidos, donde también fue procesado por lavado de dinero junto al exministro de Gobierno.

En enero de este año, la justicia de EEUU determinó condenar a 70 meses de cárcel a Murillo por lavado de dinero proveniente de la corrupción. El exministro actualmente sigue en un centro de detención de Florida.

En el caso gases lacrimógenos se estableció que Murillo conspiró junto a empresarios amigos, para la compra con sobreprecio del material. Uno de sus colaboradores, Sergio Méndez, ya fue deportado de Estados Unidos a Bolivia y fue enviado a la cárcel de San Pedro. 

La demanda fue impulsada en primera instancia por el exprocurador Wilfredo Chávez.

El documento establece que “el demandado Murillo jugó un papel importante en la obtención del contrato de armas”, según la red Unitel.

El contrato “se celebró el 19 de diciembre de 2019 por $us 5,649,137.00, el cual incluyó un recargo indebido de $us 2,291,402.00”.

Según el legajo publicado por la corte, “el recargo indebido luego se utilizó para pagar sobornos al demandado Murillo por su papel en la obtención del contrato de armas”.