Sucre: Fabriles toman TCP; tribunos ordenan teletrabajo

La demora de una sentencia en la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debía emitirla hace un año y tres meses, tiene movilizados a trabajadores fabriles de Cochabamba, que desde hace una semana ocupan el frontis de la avenida del Maestro, obstaculizan el tráfico vehicular y provocan un caos en el tránsito por la zona.

Con el cierre de la puerta principal de esta institución, sus autoridades no resuelven la demanda de los movilizados; en contrapartida, determinaron que desde este martes aplicarán el teletrabajo.

El viernes 5 de abril llegó un grupo de trabajadores fabriles para exigir la emisión de esta sentencia. Se reunieron con personal de la Secretaría General del TCP que, según revelaron, les había comprometido tener el fallo listo hasta el martes 16. Sin embargo, más de una semana después, no recibieron ninguna notificación y los magistrados no se pronuncian, denunció el secretario general del Sindicato de Fabriles, Nicolás Miranda.

“Hemos decidido tomar el TCP, no vamos a pelear con los policías, pero vamos a masificar la protesta porque la justicia se burla de los trabajadores”, indicó. La demanda está pendiente desde el 3 de enero de 2023; el miércoles 17 instalaron carpas, que días más tarde se masificaron, y una olla común en el carril de bajada de la avenida del Maestro.

El abogado de este sector, Édgar Arraya, explicó que los magistrados deberían emitir sentencia en un plazo de 45 días, pero llevan un año y tres meses y los trabajadores están a punto de perder sus inmuebles en un proceso civil seguido por su exabogado, que les exige el pago de una millonaria iguala dentro de un proceso civil por restitución laboral.

En 2020, tras ser despedidos, los trabajadores de la Hilandería Sendtex llegaron a un acuerdo con el propietario, que les cedió la fábrica a cambio de los beneficios sociales y de cerrar el conflicto ante la Jefatura de Trabajo, evitando llegar a los estratos judiciales. 

“El tema se acabó en sede administrativa, pero el abogado, por estas actuaciones, está solicitando 3 millones de bolivianos y, además, exige un ‘premio’ por haber logrado que la fábrica pase a manos de los trabajadores”, detalló Arraya.