TSJ no resuelve tres juicios de privilegio en los últimos seis años

Los juicios de responsabilidades en el TSJ quedaron estancados. En los últimos seis años ninguno de los tres: Petrocontratos, Enfe y Reforma Educativa, tuvo avances. En el caso Petrocontratos, el TSJ prefirió consultar al TCP si es constitucional en Bolivia el juzgamiento en ausencia del principal acusado el expresidente Sánchez de Lozada y la aplicación de la doble instancia para definir el fallo final. 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, en entrevista con CORREO DEL SUR informó que el Tribunal de Juicio del caso Petrocontratos espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para avanzar sobre algo seguro.

“Definitivamente el criterio nuestro de que exista la doble instancia como un derecho de toda persona sometida a un proceso es algo que tiene que ser resuelto en esos términos. Entretanto el TCP no resuelva el asunto no tenemos fecha para reanudar ese proceso”, señaló Jaimes.

La última audiencia que se desarrolló en el TSJ sobre este caso fue el 8 de noviembre de 2023, en la que el presidente del Tribunal de Juicio, Olvis Egüez, comunicó que los miembros del tribunal habían decidido activar una Acción de Inconstitucionalidad Concreta de algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, que permiten el juzgamiento en rebeldía de los ciudadanos bolivianos.

“El Tribunal de Sentencia ha emitido el Auto Supremo 04 de fecha 8 de noviembre, en el cual se dispone (...) promover de oficio la presentación de la acción de inconstitucionalidad concreta de lo que representan los artículos 90, 91 Bis y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal. (...) esta audiencia queda suspendida hasta que el TCP resuelva esta acción”, manifestó Egüez a momento de dar por concluida la audiencia.

Cinco meses después de la presentación de la AIA, el TCP aún no definió si es constitucional juzgar en rebeldía al exmandatario. Hay otra acción de inconstitucionalidad en contra de los juicios en rebeldía interpuesta en 2019 por la exdiputada Norma Piérola y, a más de cuatro años, tampoco hay fallo.