Arce abroga decreto de DDRR “para evitar convulsión social”

El presidente Luis Arce abrogó este martes el Decreto Supremo (DS) 5143 sobre el registro de Derechos Reales “para evitar una convulsión social” en el país y denunció un “plan de desestabilización”. Sin embargo, varios sectores ratificaron sus medidas de presión, ahora, en demanda de la anulación de otras normas como el DS 4732, según el cual los contratos de preventa de bienes e inmuebles requieren de una certificación del Ministerio de Justicia.

Luego de una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad ‘arcista’, el mandatario denunció que el objetivo de la norma fue distorsionado y manipulado para “mentir” a la población.

“Sabemos lo sensible que es este tema y que lamentablemente está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización en marcha, para convulsionar el país a partir de este Decreto Supremo. Hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha y que quieren utilizar este y otros temas para llevar a la población a algo no deseado, porque el pueblo boliviano lo que quiere es trabajar”, denunció.

El Presidente aseguró que con esa norma se buscaba garantizar la propiedad privada de la población a diferencia de las versiones de sectores, la oposición y del ala ‘evista’ del MAS, que denunciaban que el Gobierno buscaba tener el control de los bienes particulares.

“Lamentablemente, está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país a partir de este decreto supremo”, afirmó.

IMPROCEDENTE

Una vez abrogado el DS 5142 de Derechos Reales, el TCP declarará improcedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA), al no existir la norma impugnada, según conoció CORREO DEL SUR. Esta decisión se tomará una vez que sea sorteada la AIA.

Antes de la intervención del primer mandatario, en la misma conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que a sugerencia del Pacto de Unidad se pidió la abrogación del decreto, tras el ambiente de conflictividad y la actitud de querer “politizar” la norma.

Agetic suspende una licitación para DD.RR.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) suspendió el millonario proceso de licitación para la adquisición de infraestructura tecnológica destinada a la implementación del sistema único de gestión de servicios y registros de Derechos Reales.

“Tras la suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se ha procedido con la suspensión del proceso de contratación”, cita un comunicado de Agetic.

La Agetic había publicado el 29 de abril la licitación para la compra de dos servidores de alta gama por un monto global de Bs 31.138.341.

Reacciones de líderes políticos

Después de conocerse la abrogación del Decreto Supremo 5143, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, consideró esta medida como una “nueva victoria frente a las arbitrariedades del MAS”.

El también exmandatario de Estado publicó en su cuenta en X que esa disposición “le demuestra una vez más al gobierno de Arce que los bolivianos no aceptamos que se ponga en riesgo la propiedad privada, y que no puede seguir atentando contra los derechos constitucionales. Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS”.

Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga habló de la “decadencia terminal” del gobierno y atribuyó al ministro de Justicia, Iván Lima, la abrogación del decreto, a pedido del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

Mientras que el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también mediante X, aseveró que el primer mandatario “disimuló su derrota rodeándose de dirigentes masistas y calumniando al pueblo boliviano de que hay un plan de desestabilización”.

Varios sectores ahora van contra otras normas vigentes

Varios sectores mantienen el estado de emergencia y ratificaron el inicio de medidas de presión en los próximos días, esta vez, para exigir que corran el mismo camino otras dos normas complementarias y el proyecto de Ley 145.

En una entrevista con Correo del Sur Radio, Agustín Zambrana, representante de El Búnker y uno de los voceros del Consejo en Defensa de la Propiedad Privada (Codepp), expresó su sorpresa por la decisión del Gobierno de abrogar el decreto y, a esa hora, aclaró que estaban a la espera de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Además, mencionó que se convocará a varios sectores a una reunión de emergencia para evaluar y tomar decisiones sobre temas pendientes, como el del Decreto Supremo 4732.

El sector gremial exige que corran el mismo camino otras dos normas complementarias y el proyecto de Ley 145, relacionado con la Aduana, con el que se podrá ingresar a domicilios, depósitos o mercados si necesidad de una orden judicial.  “Hay que decir al pueblo boliviano, no nos satisface solamente la abrogación del DS 5143, también estamos pidiendo que se abroguen los decretos 4732 y 5139”, manifestó Toño Siñani, dirigente de los gremiales de El Alto.

El DS 5139 es complementario al DS 5143, pues en su artículo segundo establece que el TGN le traspase Bs 3.637.401 para la contratación de consultores en línea para el desarrollo, control de calidad, migración e implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales. En cambio, el DS 4732 señala en su primer punto que su objetivo es “la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles”.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) – Filial Santa Cruz, Jorge Franco, informó que el DS 4732 refleja que los contratos (venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas comúnmente como preventa) “en forma previa a la suscripción de los mismos, deberán contar obligatoriamente con la certificación de no contener cláusulas abusivas, misma que será emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia”.

Apuntes

1. La diputada Luciana Campero (CC) denunció que el Gobierno traspasó a la Agetic más de Bs 3,63 millones para impulsar el nuevo sistema de Derechos Reales. 

2. La diputada Gloria Callisaya, del Movimiento Al Socialismo (MAS), defendió la decisión del Ejecutivo y denunció mala información y amenazas de conflictos.  

3. El ministro de Justicia, Iván Lima, djo que el abrogado DS 5143 buscaba bancarizar las transacciones de DDRR para evitar la corrupción por falta de control.