Abogado sobre fiscal: “Le ha valido un pepino” la denuncia de abuso sexual contra Jáuregui

El abogado Ludwing Ledezma volvió a reclamar por el rechazo de una denuncia de abuso sexual que implicaba al diputado del MAS Juan José Jauregui. La denuncia se presentó inicialmente en Tiquipaya en agosto de 2023 y fue rechazada en La Paz en octubre del mismo año.

Ledezma acusó al fiscal departamental de La Paz, William Alave, de haber cerrado la denuncia sin realizar ninguna pericia al audio que registró la conversación entre el diputado y la víctima. Tampoco se habría interesado en realizar pericias a los chats en ambas personas.

“Al fiscal Alave le ha valido un pepino. Lo que ha hecho es agarrar (el caso) y confirmar la resolución de rechazo”, declaró Ledezma en Erbol.

Señaló que, como parte del proceso, nunca fue habilitado en el portafolio digital ni tuvo acceso al cuaderno de investigación, ya que el caso fue declarado en absoluta reserva. Tampoco su cliente fue notificado personalmente con ningún actuado.

Ledezma recordó que el fundamento básico y rector de la fiscalía es que no existen suficientes elementos para generar convicción de que, con probabilidad, Jaúregui sea autor del presunto delito de abuso sexual.

Esta semana, la diputada Luisa Nayar, de CC, se retiró de un set de televisión en vivo al ver que la entrevista iba a ser compartida con Jaúregui, a quien acusó de pedofilia.

El abogado sostiene que el Ministerio Público dejó que pasen los plazos sin convocar ni citar a su cliente. 

Informó que, a raíz de este rechazo, decidieron acudir a instancias internacionales, porque –según dijo– en Bolivia no existe Estado de Derecho, ni fiscales ni jueces probos, ya que estos se dejan dominar por el poder político o por las personas que tienen dinero.

Ledezma recordó que lo mismo se vio con el caso de Juan Evo Morales Ayma y acusó directamente al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger al expresidente y a los “supuestos delincuentes” dentro del Movimiento al Socialismo.

Anunció que sacaron copias legalizadas de todos los documentos y plantearán la denuncia ante la Corte Penal Internacional, la CIDH y otros organismos internacionales, más aún porque no se toma en cuenta la protección reforzada a los menores de edad dispuesta en la Ley 348 y el convenio de Belén do Pará.