Informe de derechos: Siguen las vulneraciones en juicios
El informe 2023 de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) revela que en Bolivia no ha cambiado la situación de falta de celeridad y respeto al debido proceso, además de que continúan las aprehensiones indebidas.
El informe 2023 de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) revela que en Bolivia no ha cambiado la situación de falta de celeridad y respeto al debido proceso, además de que continúan las aprehensiones indebidas. Se refiere a los casos del exdirector del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, que falleció en la cárcel; al de su colega Elvira Parra, que sigue cautelada desde 2015; al exdirector de Migración, Marcel Rivas, y a la expresidenta Jeanine Áñez, entre otras personas víctimas del sistema.
El “Informe de Situación 2023 Sobre Institucionalidad Democrática, Libertades Fundamentales y el Derecho a Defender Derechos en Bolivia” de Unitas contiene datos reportados por el Observatorio de Defensores de Derechos sobre las vulneraciones en nuestro país. Este diario solo tomó la parte referida a los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos en el Órgano Judicial.
INDEPENDENCIA
En ese documento se indica que hay falta de independencia de poderes y un debilitamiento del Estado de Derecho en lo que respecta al rol del Órgano Judicial, en varios casos, sobre el incumplimiento de procedimientos en la norma.
Menciona casos emblemáticos de falta de celeridad y respeto al debido proceso legal, con aprehensiones indebidas del Ministerio Público y la Policía. Por ejemplo, el del exdirector del Fondo Indígena (Fondioc) Marco Antonio Aramayo, quien denunció hechos de corrupción al interior de esa institución pero después resultó denunciado y siendo víctima de una persecución judicial. Falleció en abril de 2023, luego de siete años de estar en prisión preventiva y de afrontar alrededor de 250 procesos penales en su contra.
Aramayo tenía 26 dictámenes de detención preventiva, estuvo detenido en más de 50 centros penales del país y fue trasladado de una cárcel a otra sin previa notificación. Dentro del mismo caso, la exdirectora de esta institución, Elvira Parra, cumple detención preventiva desde 2015 y enfrenta 180 procesos en su contra.
Otras de las víctimas de dilaciones es el exdirector general de Migración en 2020 Marcel Rivas, procesado por presuntamente a haber facilitado la salida del país del exministro Arturo Murillo.
El observatorio de defensores de Unitas también se refiere a la situación de la expresidenta Jeanine Áñez, víctima de una serie de violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, específicamente al acceso a la justicia y al debido proceso; ella está siendo acusada de un presunto golpe de Estado en 2019. Según el Informe, este caso evidencia la falta de independencia de poderes y el debilitamiento del Estado de Derecho en Bolivia.