Suman tres delitos a la investigación contra los 24 acusados por el asalto militar
El Ministerio Público decidió denominar al caso como “Golpe de Estado III”
Una imagen de la asonada militar del 26 de junio en La Paz. Foto: Archivo/ABI El Ministerio Público amplió el número de delitos de dos a cinco en la investigación contra las 24 personas involucradas en el “golpe de Estado fallido” del 26 de junio, encabezado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).
El proceso penal, que la Fiscalía denominó como “Golpe de Estado III”, “se inició y amplió en su investigación por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos tipificados en los artículos 121, 128, 133 y 233 del Código Penal y el artículo 26 de la Ley 004”, refiere un comunicado de la entidad.
En un inicio, el proceso penal se activó por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
El 26 de junio, un contingente militar fuertemente armado, comandado por Zúñiga, llegó hasta la plaza Murillo para intentar tomar el poder.
Al presente y transcurridos 10 días desde la apertura de la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público emitió seis imputaciones formales, las cuales a su vez motivaron la imposición de medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas.
Se trata de Zúñiga, Miguel I., Raúl B., Alán Q., Alejandro I., Luis B., Marcelo G., Demetrio M., Juan A., Waldir M., Franz O., Marcel Z., Juan P., Leonel S., Juan Carlos D. y Vladimir L. Además de Anibal A., Marco C., Román C., Vladimir C., Julio B., Roberto A., Miguel Ángel N. y Jaime C. V..
La Procuraduría reiteró su compromiso con la justicia, el estado constitucional de derecho y la defensa inclaudicable del Gobierno legalmente constituido.
Aseguró que este caso es un mensaje contra la impunidad y para que no se repita la comisión de gravísimos delitos que atentan contra la soberanía popular, la seguridad externa y el orden interno del país.
