Los líderes de la RJC llevan cuatro años en juicios y dos sentencias

Los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) llevan casi cuatro años en juicios, acusados de ser una organización criminal y causar vejaciones y destrozos de bienes públicos durante la crisis de 2019 y 2020. A la fecha, acumulan dos condenas de cárcel, de entre dos y ocho años, y les queda todavía enfrentar al menos dos procesos. El Ministerio de Gobierno, como acusador, pidió para todos una sentencia de 20 años de prisión como una forma de “sentar precedente de que ninguna persona, ningún departamento, vuelva a levantarse”.

Yassir Molina, Mario y Favio Bascopé llevan más de tres años en los penales de San Pedro de Oruro (Yassir) y San Roque (los dos restantes), es decir que han cumplido la mitad de su condena de seis años dispuesta por un juez de Sucre y podrían acceder a una libertad condicional. Pero, sobre ellos pesa una reciente sentencia, con penas de dos, seis y ocho años de prisión, dictada por una jueza de Cochabamba que será apelada.

Mientras no se ejecutorie esa sanción, afirman que podrían acceder a una libertad. El último fallo dispone cumplir la condena en la cárcel de San Sebastián; en esa sentencia también está incluida Milena Soto, pero ella no entraría a prisión porque su sentencia no supera los tres años. 

En el caso de Cochabamba, fueron acusados de protagonizar actos de violencia con el uso de explosivos en contra de víctimas ciudadanas.

Jhonatan Revuelta, abogado de los hermanos Bascopé, dijo que sus defendidos fueron condenados a seis años y ocho meses de cárcel por el delito de organización criminal y tenencia, porte y portación de armas, pero también absueltos de otros siete delitos.

“Han sido absueltos por los tipos penales de privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, destrucción y deterioro de bienes del Estado, impedir y estorbar el libre ejercicio de funciones y fabricación de sustancias y amenazas”, manifestó.

Indicó que no hubo elementos de prueba consistentes en la acusación, ni con la declaración de los 35 testigos de cargo y de 400 ofrecidos por el Ministerio de Gobierno y Ministerio Público.

“No se ha demostrado nada de las acusaciones, el enfoque que se ha tenido en el juicio oral ha sido netamente político porque si esto era un juicio cualquiera, se iba a tener una sentencia absolutoria”.

Según Revuelta, en la fase de alegatos y conclusiones, el Ministerio de Gobierno demostró una actitud amenazante.

CUMPLIR CONDENA

El abogado de los hermanos Bascopé recordó que sus defendidos cumplen su sentencia de seis años de prisión en San Roque.

“Haciendo un cálculo objetivo, ya estarían cumpliendo más de la mitad de su condena. La sentencia de Cochabamba será apelada y no pueden trasladarlos a la cárcel San Sebastián hasta que la condena de Cochabamba tenga la calidad de cosa juzgada”, puntualizó.

Dijo que no existen otros procesos con relación a los hermanos, porque todos los procesos tuvieron conexitud.    

Milena Soto señaló que tiene otro proceso penal por una denuncia de la senadora del MAS y exalcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, que la acusa de presuntas agresiones el 6 de noviembre de 2019. Ya declaró como imputada dentro de este proceso en Quillacollo.

“Cinco años después, (Arce) recuerda supuestamente que hubiera sido mi persona la que le golpea, patea y corta el cabello, lo que es completamente falso y escapa a la verdad debido a que mi persona en ningún momento se encontraba en Vinto, sino resguardando la plazuela Cala Cala, porque estábamos siendo atacados”, se defendió la acusada.

Soto dijo que está pendiente otro proceso por racismo, iniciado de oficio por el Ministerio Público. “¿Cómo puede existir un delito si no hay víctimas presentes? Las que fueron supuestamente víctimas no quieren declarar; hasta lo han agredido al policía asignado al caso que les insistía a que declaren”, sostuvo.

El abogado señaló que Yassir Molina también ha sido involucrado en este proceso de racismo, por los mismos hechos que se juzgaron en Cochabamba. 

El caso de racismo viene de los hechos de mayo de 2020. Juana Quispe Ari, Flora Noimy Quispe Amaro, Félix Chacón y otros denunciaron a estos miembros de la RJC por lesiones leves y graves, racismo y discriminación. El 10 de mayo de ese año, el grupo que surgió durante los conflictos poselectorales de 2019 volvió a la palestra “para amenazar, diciendo que tienen una lista de dirigentes masistas identificados”, dijo entonces la diputada Juana Quispe.