Gobierno solicitará información a España sobre red de tráfico de ciudadanos bolivianos

El Gobierno boliviano solicitará información oficial a su par de España sobre el tráfico de bolivianos a ese país, informó este jueves la directora de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya.

“Nosotros vamos a hacer las solicitudes, vamos a conversar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a través de nuestra Embajada, se solicite la información sobre los bolivianos que hubieran sido identificados o que hubieran sido encontrados con documentación falsa”, informó la autoridad, en una entrevista con RTP.

La Policía española informó sobre la desarticulación de una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos y al favorecimiento de la inmigración irregular hacia España.

Según medios internacionales, la operación, en la colaboración de Europol y la agencia de seguridad estadounidense, logró la captura de 77 personas.

“Lo único que sabemos es sobre la organización criminal, que se tienen detenidos y que se ha secuestrado dinero y otras pertenencias. Sin embargo, no hay información sobre los inmigrantes a los que se hace referencia. Es una información delicada (…), esperemos a que Cancillería pueda tener información oficial”, añadió.

Asimismo, manifestó la predisposición de colaborar en las investigaciones con la Policía de España.

Inmigración irregular 

La investigación inició en 2022 tras detectarse un incremento del flujo de inmigración irregular de ciudadanos de origen indio-pakistaní y la utilización de España como país de paso hacia México, con el objetivo final de llegar a Estados Unidos o Canadá.

Entre los detenidos estarían seis líderes de la organización criminal, principalmente asentada en España y con colaboradores en Libia, Bolivia y México.

Según las investigaciones, la facción especializada en la inmigración de ciudadanos bolivianos contaba con captadores y agencias en Bolivia que organizaban el viaje hasta Turquía o Egipto, donde se “entregaban pasaportes españoles de ciudadanos nacionalizados de origen boliviano que cooperaban con la organización investigada, a cambio de cantidades que oscilaban entre 8.000 y 10.000 euros (entre 8.746 y 10.933 dólares)”, reportaron agencias internacionales.