Exdiputado del MAS pedía dinero por adjudicaciones

Un exparlamentario del MAS y un colaborador fueron sentenciados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, por haber sonsacado a un empresario constructor 210 mil bolivianos para una adjudicación directa de la Villa Universitaria de San Simón de Cochabamba, en 2017, que nunca se concretó; tampoco le devolvieron el dinero. El proyecto tenía un costo de Bs 205 millones.

El exparlamentario supraestatal Asbley Orlando Juan Fernández Sivila, secretario municipal de Salud, Educación y Deportes en Sucre, y Ariel Martínez Loayza fueron acusados por el delito de concusión y el juez de Sentencia Nº 1 de la Capital, Emilio Pinto, los declaró culpables.

De acuerdo con el fallo de Pinto, el primero es autor del delito de concusión mientras que el segundo, su colaborador, en grado de complicidad. Ambos apelaron, pero la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca dejó firme la sentencia.

El presidente de la Sala Penal Primera, Iván Sandoval, confirmó a CORREO DEL SUR el rechazo de sus solicitudes: la del primero, porque se la presentó fuera de plazo; la del segundo fue declarada improcedente. En busca de anular el fallo, los sentenciados acudieron en casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El juzgador remitió antecedentes al Ministerio Público para que defina si el empresario también cometió algún delito.

EL HECHO

De acuerdo con la denuncia, en 2017 el exparlamentario masista habría ofrecido a un empresario adjudicarse la construcción del edificio Multiacadémico Portal de la Universidad Mayor de San Simón, una Villa Universitaria.

“La obra le había regalado (el Gobierno) al supraestatal por los gastos realizados durante la campaña política del año 2014, para recuperar lo invertido y (para que) pueda cobrar lo que corresponde al diezmo, a través de adjudicaciones por invitación directa sin licitaciones ni convocatorias”, según se puede leer en la acusación.

Los acusados se reunieron en dos ocasiones con el empresario, en Sucre; la primera, en la zona del estadio Patria, para hablar de los términos de la adjudicación. La segunda fue en la plaza principal de Tarija, donde participó además un segundo empresario, a quien le comentaron del diezmo que debía depositar para la adjudicación, pero este les advirtió que no daría ningún adelanto hasta tener el contrato.

“A mí ya me lo hicieron varias veces, yo no estoy de acuerdo para dar ningún adelanto y ningún tipo de coima, si ustedes quieren les presto mi empresa para que realicen la obra, pero cualquier tipo de pago tiene que ser a la firma del contrato”, les dijo, por lo que se lee en la acusación.

En total, entregó 210 mil bolivianos

Según la acusación contenida dentro de este caso, con la seguridad de adjudicarse la obra, en diciembre de 2017 un empresario entregó 50.000 bolivianos al acusado de ser cómplice del entonces diputado en el domicilio del primero, en la calle Manuel Durán, en Sucre.

Meses después, en marzo de 2018, los ahora sentenciados no cumplieron con la adjudicación y pidieron un depósito de Bs 205 mil. El empresario entregó otros Bs 100 mil.

Ese monto tampoco fue suficiente para concretar la adjudicación. Al contrario, le ofrecieron a la presunta víctima otros proyectos pequeños como la construcción de sistemas de agua potable en el departamento de Potosí. Le mostraron cinco proyectos; pero, para que se materialice la adjudicación, le exigieron más dinero. El empresario entregó otros Bs 40.000, supuestamente, para “los contactos de adentro”.

Al final, quedaron en adjudicarle la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de San Pedro de Quemes (Potosí) y, para agilizar el contrato, la víctima entregó otros Bs 20.000 porque “los técnicos de adentro habían pedido dinero”.

Por “mala negociación”, tampoco se dio la adjudicación.

No obstante, los hoy sentenciados continuaron proponiendo proyectos de las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca, de entidades como la ABC y el FPS. La supuesta víctima tiene respaldos en mensajes de WhatsApp y audios de reuniones.

En total, les entregó 210 mil bolivianos. Intentó recuperar el dinero, pero no lo logró y fue así que decidió denunciarlos en la vía penal.