En el país, 4 de cada 10 mujeres encarceladas cayeron por narco
Es un indicativo de que se involucran en estos delitos por necesidad económica
PREOCUPANTE. Casi todas las cárceles para mujeres están en las ciudades capitales de departamento y presentan problemas de hacinamiento. Foto: Archivo En el país, cuatro de cada diez mujeres que están privadas de libertad en las cárceles cayeron por narcotráfico, un indicativo de que estuvieron viviendo en medio de problemas económicos antes de involucrarse en ese delito.
El 21 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo presentó un informe, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que se develan las condiciones en las que viven las mujeres encarceladas, se presentan estadísticas y se insta a asumir políticas para mejorar la situación de estas personas.
El delegado defensorial del Pueblo, Humberto Mayorga, en declaraciones a CORREO DEL SUR, dijo que, según ese informe, cuatro de cada diez mujeres privadas de libertad ingresaron a la cárcel por delitos vinculados a la Ley 1008, que regula el régimen de la coca y sustancias controladas. En la última década, esta relación se mantuvo entre el 31% y el 56%, apuntó.
Asimismo, el estudio evidencia que la mayoría de los delitos que cometieron las mujeres no tiene relación con la violencia. La estadística dice que el 12% de las privadas de libertad cometieron hurtos, el 7% asesinatos y el 5% homicidios. Esta tendencia sugiere que muchas mujeres se ven involucradas en actividades delictivas debido a situaciones de vulnerabilidad económica y social, explicó el Delegado defensorial.
PROBLEMAS
El informe da cuenta que en ese entonces había 2.100 mujeres privadas de libertad en el país y que el 55% pertenece a grupos de alto riesgo de vulnerabilidad: personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños.
En Chuquisaca, hay siete niños menores de seis años viviendo en la cárcel con sus madres, complementó Mayorga.
Otro de los graves problemas es el hacinamiento que afecta más a mujeres que a hombres, pues ellas no pueden realizar trabajos de construcción y mejora de sus ambientes como lo hacen los varones. Esto deriva en condiciones de vida más precarias y de espacio disponible más limitado.
La falta de espacios también ocasiona que, en las cárceles de mujeres, la preparación de alimentos no sea común sino individual o en grupos dentro de las mismas celdas, lo que también representa un riesgo de seguridad.
Además, los centros penitenciarios no tienen lugares adecuados para madres con niños pequeños y mujeres embarazadas.
RECOMENDACIONES
El estudio de la Defensoría del Pueblo también contiene una sección de recomendaciones al Estado, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad. Entre ellas, se destaca la necesidad de establecer una mesa permanente de diálogo entre el Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia y Régimen Penitenciario.
Sugiere el funcionamiento inmediato de las tobilleras electrónicas, como medio alternativo para reducir el hacinamiento, y permitir que algunas mujeres, especialmente aquellas con hijos pequeños, cumplan sus condenas fuera de las cárceles.
Mayorga sostiene que el informe hace un llamado a la implementación de políticas penitenciarias con enfoque de género, pues las condiciones de habitabilidad de las mujeres no son las mismas que las de los hombres.
CHUQUISACA
El delegado defensorial en Chuquisaca, Humberto Mayorga, expresó su preocupación por que el único centro penitenciario para mujeres en este departamento está en Sucre, lo que obliga a separar de su familia y comunidad a las reclusas de fuera de este municipio. En San Roque hay entre 62 y 64 internas, una cifra que varía día a día, explicó.
