La CIDH acusa al Estado boliviano por el caso “Hotel Las Américas”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el ‘Caso 13.546’, relacionado con violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas durante el operativo policial en el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra en 2009, cuando murieron Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi.

Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, explicó a CORREO DEL SUR que la presentación del caso ante la CorteIDH “es una suerte de acusación”, para que más adelante sea tramitado en juicio contra el Estado boliviano, algo que podría darse –según su estimación– el segundo semestre de 2025. Una vez que se instale el proceso, podría tardar diez días en resolverse, pero el tribunal se toma un tiempo para emitir la sentencia y, en un acto público, emitir la notificación.

El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental de La Paz por delitos contra la seguridad interna del Estado. Dos días después, el, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) ingresó al mencionado hotel, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en habitaciones, en las que disparó armas de fuego. 

Como consecuencia de este operativo murieron el irlandés Michael Dwyer, el boliviano Eduardo Rózsa Flores y el rumano-húngaro Arpád Magyarosi; mientras que el húngaro Elöd Tóásó y el croata-boliviano Mario Tadic fueron detenidos.

Días después, el 28 de abril, se detuvo a Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Las cuatro personas arrestadas alegaron tortura.

ARGUMENTOS

En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y atribuyó al Estado boliviano la responsabilidad por su muerte. Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal. La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.

Durante el proceso penal por terrorismo, se violaron sus garantías judiciales, al ser trasladados a La Paz sin justificación legal y permanecer en detención preventiva por períodos.

La CIDH responsabilizó al Estado por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra y dignidad, y protección judicial, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Señalamientos a Evo Morales

Zvonko Matkovic, asambleísta departamental de Santa Cruz que estuvo preso 10 años por este proceso, celebró que “al fin” el caso llegue a un juicio internacional y recordó que por esto se tuvo “a 39 familias perseguidas” durante una década.

Matkovic mencionó que en esta causa hubo gente que “montó pruebas” y recordó que el expresidente Evo Morales reconoció en 2009 que “él mismo había dado la orden para que se intervenga” y se haga el operativo.

Mientras que el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, dijo que lo importante es hallar la responsabilidad “intelectual y material” en ese suceso, por lo que “Evo Morales tiene que enfrentar a la Justicia”.

Por su parte, la diputada Ninoska Morales, del ala del Movimiento Al Socialismo (MAS) que respalda al presidente Luis Arce, dijo que el caso haya pasado a la CorteIDH es un “precedente” y que “Evo Morales debería ser investigado”.