Judiciales: TSE rechaza fallo y anuncia ‘acciones legales’

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró desierta las convocatorias para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en dos departamentos y para el TCP en cinco. Este jueves anunció que asumirá “acciones legales” para garantizar las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre.

La Sentencia Constitucional 0770/2024 conocida este jueves resolvió tres acciones de amparo acumuladas, de los accionantes Juan Fernández Condori, Hugo Vargas Palenque y Carlos Franklin Vargas Tarqui, quienes, pese a estar entre los cuatro mejores calificados en la preselección, no fueron habilitados y las comisiones mixtas del Legislativo tampoco consideraron sus reclamos de manera oportuna.

Según los argumentos de la Sala Cuarta del TCP, en el caso de Pando no se evidencia la presencia del representante indígena originario campesino y, así, no se puede llevar adelante la elección.

En Beni, por su parte, se incluyó como candidatos al TSJ a tres mujeres que reprobaron en el proceso de preselección y no alcanzaron la calificación mínima habilitante, mientras que se excluyó a aprobados, como el caso del accionante Vargas.

Asimismo, el fallo constitucional establece que en Cochabamba, Santa Cruz y Beni no se evidencia la presencia de una mujer aprobada y tampoco de un representante indígena, por lo que la elección para el TCP tampoco es viable en esos departamentos. En tanto que en Tarija, no hay un postulante autoidentificado como representación plural.

Con estos argumentos, la Sala Cuarta confirmó en parte la resolución de la Sala Constitucional de Beni y ratificó la tutela al accionante Vargas declarando desierta la convocatoria a magistrados del TSJ en Beni y Pando. Asimismo, declaró desierta la convocatoria a magistrados del TCP en Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.

En su criterio, corresponde la emisión de una nueva convocatoria para los órganos de justicia declarados desiertos mediante su fallo constitucional. 

Para los candidatos del TSJ en Chuquisaca, Oruro, Potosí y La Paz, el proceso electoral continúa. Y lo propio en el TCP para los casos de Chuquisaca, Oruro, Potosí y La Paz. Los comicios para elegir autoridades para el Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental a nivel nacional no están afectados con dicha sentencia.

TSE RECHAZA

El TSE confirmó que fue notificado con el fallo y emitió un pronunciamiento en el que califica a este como un antecedente “negativo y peligroso”.

“La Sala Plena expresa su disconformidad con la referida sentencia porque atenta contra el normal desarrollo de un proceso electoral que ya está en curso y sobre todo contra la integridad del sistema democrático en el país, hecho que se constituye en un antecedente negativo y peligroso para la seguridad jurídica en la organización y administración de futuros procesos electorales”, dice un comunicado que se conoció la tarde de este jueves.

Ante esta situación, la Sala Plena del TSE anuncia “las acciones legales correspondientes en el marco de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, para preservar el normal desarrollo de la elección de las autoridades del órgano Judicial y del TCP, que se celebrará el 15 de diciembre del año en curso”.

En otro párrafo, “condena la vulneración del principio de preclusión, que es fundamental en el sistema electoral boliviano, y declara su preocupación por la restricción de los derechos colectivos de las ciudadanas y de los ciudadanos que estarán impedidos de ejercer su voto por las candidatas y candidatos en las instancias de los departamentos citados”.

Más tarde, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, a través de su cuenta en X, afirmó que la sentencia del TCP “se constituye en una afrenta a la independencia de poderes”, por lo que “expresamos nuestra disconformidad”.

UNA LEY CORTA

El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe adelantó que pedirán “una enmienda, una explicación” de este fallo. Sugirió al Legislativo aprobar una ley corta para que las judiciales se desarrollen, de forma íntegra, el 15 de diciembre.

“Sería un blindaje legal que puede permitir y allanar que el proceso se cumpla”, indicó en una entrevista con Unitel.

En su criterio, de no haber ley corta, “habrá elecciones parciales” el 15 de diciembre en los departamentos que no han sido afectados por el fallo del TCP.

REACCIONES

- El alcalde paceño Iván Arias afirmó que “la suspensión de elecciones judiciales en cinco departamentos es un golpe al TSE. Con esta injerencia, se reduce el TSE a una vulgar oficina de impresión de papeletas. Y cualquier proceso electoral está sujeto a caprichos del poder judicial”. 

- El expresidente Carlos Mesa, a través de su cuenta de X, dijo: “En un nuevo golpe a la democracia, violando los principios de separación de poderes y asumiendo el rol de jueces y parte. Este fallo es devastador no solo para la justicia sino para la democracia y la institucionalidad (…)”.  

- Según el diputado Froilán Mamani (MAS), la decisión del TCP genera preocupación. Se debe tener cuidado con la posible reacción del pueblo y de las organizaciones sociales, advirtió, dado que, a su modo de ver, el fallo puede tener un costo político.

FALLO PACTADO 

En criterio del exmagistrado del TCP y abogado de Evo Morales, Orlando Ceballos, el fallo de los magistrados de la Sala Cuarta “es parte de un plan coordinado entre el Gobierno y los magistrados; si no fuera, en este momento debería estar entrando un fiscal (al TCP) y sacar enmanillados a esos dos magistrados y llevarlos con detención preventiva”.

Abogados: La Ley impide comicios fraccionados

El abogado constitucionalista Jaime Hurtado señaló que el TSE tiene competencias legales que debe hacer prevalecer: El resguardo del principio de preclusión en materia de Régimen Electoral; el principio de unicidad del evento electoral que establece que la elección no puede darse de forma fraccionada porque el mandato de los magistrados es de seis años y que concluyó el 2023; el principio de integralidad porque el ciudadano se apresta a votar por todos los espacios que la CPE establece; el principio de economía y eficiencia; y el principio de legalidad que debe concluir con la entrega de credenciales a los elegidos.

En esa misma línea, el abogado Edgar Arraya recordó que la sentencia del TCP es de cumplimiento obligatorio y vinculante, pero dijo que la Ley del Órgano Electoral establece el principio de unidad y la función electoral es exclusiva, por lo que no es posible ir a unas elecciones judiciales fraccionadas.

Gobierno aboga por respeto a la CPE

Luego de conocer la sentencia del TCP, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, abogó por el cumplimiento de la Constitución y aseguró que al Órgano Ejecutivo solo le corresponde garantizar el presupuesto para el proceso electoral y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la institución encargada de cumplir la organización de los comicios. “Para nosotros como posición del Gobierno es siempre el respeto a la Constitución Política del Estado, llevar adelante las elecciones (judiciales) y esto lo hemos señalado desde el primer día, lo hemos dicho siempre”, señaló Alcón, en una conferencia de prensa, este jueves, en La Paz tras conocer la setencia de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Accionante exige su inclusión en listas

El accionante Hugo Vargas Palenque indicó que lo único que busca con su acción de amparo es que se cumpla la Ley, que establece la meritocraria y exámenes de competencia en la preselección y que se debe habilitar a los aprobados y no a los reprobados. “Mejor sería que de manera directa se haga la invitación pública para los interesados y nos evitamos de todo un proceso de evaluación y preselección y de gastos al Estado”, agregó.

Su abogado patrocinante, Johan Echevarría, expresó su satisfacción con la sentencia constitucional, lo que, en su criterio, obliga al Órgano Legislativo a reparar el derecho de su defendido a ser elegido. 

Dirigentes cívicos anuncian que no permitirán suspensión 

Hay molestia en Beni, Pando y Santa Cruz, cuyas organizaciones cívicas se han declarado en estado de emergencia. Anunciaron que no permitirán que se suspendan las judiciales. 

Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, la sentencia del TCP “es una vergüenza. Estamos en puerta de la elección y se agarran de no sé qué chicana jurídica y nos dejan en incertidumbre. No puede ser que la justicia no tenga un recambio”.

El presidente cívico de Beni, Hugo Aponte, indicó: “Como Comité Cívico, no vamos a permitir la paralización de las elecciones judiciales, sabemos quién está detrás de esto. Si es necesario, realizaremos paro o marcha porque nuestro movimiento se hará respetar”.

Por su parte, el presidente cívico de Pando, David Torrico, dijo que la primera determinación será “declarar persona non grata” al magistrado por ese departamento, Yván Espada, por haber frustrado las esperanzas del pueblo en sentido de elegir a nuevas autoridades.

Anunció medidas de presión en las próximas horas para lograr el alejamiento de los magistrados prorrogados con “fines políticos”.