¿Y ahora?: Accionante pide hacer cumplir fallo contra las judiciales

Hugo Vargas exige multas e incluso el procesamiento de los vocales, si no acatan la sentencia

EVENTO. Las autoridades participantes en la reunión multipartidaria e interinstitucional, el lunes. EVENTO. Las autoridades participantes en la reunión multipartidaria e interinstitucional, el lunes. Foto: APG

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 13/11/2024 02:09

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendió las elecciones judiciales para magistrados del TSJ y del TCP en cinco departamentos del país y el desconocimiento de esa sentencia por parte del Órgano Electoral, con el respaldo de una Cumbre política realizada el lunes en La Paz, generan posiciones encontradas.

Se supo que el principal demandante contra las judiciales pidió desde Beni que el TCP cumpla con la Ley y aplique la decisión adoptada por los magistrados de la Sala Cuarta.

A través de un memorial dirigido al presidente y al vocal de la Sala Constitucional Primera de Beni, el accionante Hugo Vargas Palenque solicitó este martes la ejecución de la Sentencia Constitucional 0770/2024, del 4 de noviembre pasado, por la que se le concedió la tutela declarando desierta la convocatoria a magistrados del TSJ y del TCP en cinco departamentos, con lo que correspondería emitir una nueva convocatoria para esos cargos.

MULTAS Y PROCESAMIENTO

En su escrito, Vargas denuncia que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una reunión política para “desobedecer” la sentencia constitucional que suspendió parcialmente las elecciones judiciales en el país.

En ese sentido, de haber incumplimiento del fallo, solicita la aplicación de “multas progresivas de 15.000 bolivianos” para cada vocal, por día, y de persistir la desobediencia remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento en la vía penal.

También como medida cautelar, en caso de desacato, exige proceder con la prohibición al Ejecutivo del desembolso de recursos económicos “hasta aquí malversados por el Órgano Electoral”.

LAS VERSIONES

El lunes, el ministro de Justicia, César Siles, durante su intervención en el denominado ‘Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia’, convocado por el TSE, advirtió que “las sentencias son de cumplimiento obligatorio, respecto al cual no cabe recurso alguno”.

Por su parte el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, denunció también el lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington (EEUU), que el TCP actuó al margen de la Ley al declarar desiertas parcialmente las judiciales.

Durante su intervención en la CIDH, Arce objetó la sentencia del Sala Cuarta del TCP y aseguró que es “absolutamente difícil, casi imposible que se pueda llevar una elección judicial parcialmente en algunos departamentos”.

Advirtió sobre los riesgos de no respetar el principio de preclusión electoral e indicó que esto abriría la puerta a futuras discrecionalidades al punto de poder comprometer la estabilidad de los procesos electorales en Bolivia, especialmente en vista de las elecciones generales previstas para 2025.

ADVERTENCIA DE VOCAL

Un día después de la firma de la ‘Segunda Declaración por la Democracia’, fruto de dicha Cumbre, el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe señaló este martes que es imprescindible aprobar y promulgar la ley corta para blindar las judiciales. Advirtió que, de lo contrario, el proceso continuará de manera parcial.

“La norma es imprescindible para que el TSE no se quede huérfano”, dijo a Unitel. Un día antes, Quispe dijo a CORREO DEL SUR que esperaban que la Asamblea Legislativa cumpla los acuerdos firmados en la Cumbre, como máximo, hasta la próxima semana.

El Vocal agregó ayer que si no entra en vigencia esa ley corta, las judiciales continuarán, aunque de forma parcial, es decir, acatando la sentencia de la Sala Cuarta del TCP.

Por otro lado, reveló que el TSE espera el pronunciamiento del TCP sobre el recurso que presentaron para que Sala Plena de esa instancia ratifique o rectifique la decisión de la Sala Cuarta de suspender parcialmente las judiciales en cinco departamentos.

PROYECTO DE LEY

La senadora y exmagistrada Silvia Salame presentó este martes un proyecto en el Senado de “Ley Excepcional y Transitoria para Garantizar las Elecciones Judiciales 2024”, con el que busca prever y superar los posibles obstáculos jurídicos, administrativos y operativos que pudieran afectar la organización de dichos comicios y sin fragmentación.

Evo pide juicio ordinario para los tribunos

El expresidente Evo Morales, a través de su cuenta de X, propuso incorporar a los vocales del TSE a la Ley 044 de juicio de responsabilidades a fin de protegerlos de la persecución política. Asimismo, sugirió que los magistrados del TCP sean procesados por la justicia ordinaria por los actos ilegales que cometan.

“Por tanto, proponemos incorporar a los vocales del Tribunal Electoral Plurinacional a la Ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades por juicio de responsabilidades, a fin de protegerlos de la persecución política que los amenaza con juicios ordinarios para obligarles acatar acciones  inconstitucionales. Asimismo, proponemos que los Magistrados del Tribunal Constitucional, que han distorsionado la justicia constitucional y se han vuelto un supra poder, sean procesados por la justicia ordinaria por los actos ilegales que cometan, dado que no son órgano de poder público sino de interpretación constitucional”, publicó Morales.

Siles: Hay 53 acciones contra judiciales

El ministro de Justicia, César Siles, reveló el lunes que hay 53 acciones constitucionales en contra de las elecciones judiciales registradas en los tribunales de justicia a nivel nacional. De esta cantidad, dijo que en el TCP se resolvieron tres en revisión y que el resto sigue en trámite, incluyendo la acción de cumplimiento que se presentó en el distrito de La Paz en la que se otorgó la tutela a los accionantes ordenando la prosecución de las elecciones judiciales y dando curso al principio de preclusión. En el evento de la “Segunda Declaración por ola Democracia” hizo conocer que se presentó ante el TCP una demanda de Explicación, Complementación y Aclaración, una solicitud de avocación y una medida cautelar. “Entiendo que esas son las instancias para poder revisar la sentencia 0770/2024, sin embargo, la posición del Ejecutivo es el cumplimiento de las sentencias constitucionales, el inmiscuirse, tratar de cumplir funciones de la Asamblea Legislativa por parte del TCP, podría implicar una violación al principio de separación de órganos del Estado”, puntualizó.

Alcalde plantea anular el fallo 0770

El alcalde de Trinidad, teniente coronel Cristhian Cámara, planteó un Recurso Directo de Nulidad (RDN) ante la Comisión de Admisión del TCP para pedir que se declare la nulidad del Auto Constitucional 087/2024, del 15 de octubre, dictado por la Sala Constitucional Primera, y de la Sentencia Constitucional 0770/2024 de la Sala Cuarta del 4 de noviembre, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Público por haberse paralizado parcialmente las judiciales para magistrados del TSJ y del TCP.

La autoridad edil pide también que se declare la inaplicabilidad del artículo 37, inciso II, de la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, que establece: “Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda, del número total de postulantes a nivel nacional”.

Asimismo, solicita la aplicación de una medida cautelar que disponga la prosecución de las judiciales con el cronograma establecido y la suspensión de los efectos de la sentencia 0770/2024, hasta el pronunciamiento del pleno Tribunal Constitucional sobre este recurso.

Abogado: Con ‘avocación’ se puede revocar la sentencia

El abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz recordó que los fallos, pese a ser emitidos por magistrados “autoprorrogados”, son “de estricto cumplimiento” y un desacato, según el jurista, sería seguirle “el juego a Evo Morales”, que también pretende desconocer la sentencia que lo inhabilita como candidato a las presidenciales. Ambos fallos fueron dictados por la Sala Cuarta del TCP.

En su criterio, los representantes de los órganos del Estado y líderes políticos no pueden reunirse –como lo hicieron el lunes en La Paz– para “deliberar el Estado constitucional de derecho”. “No pueden reunirse para ver cómo vulneran la norma, actuando igual o peor que Evo Morales”, puntualizó en entrevista con Correo del Sur Radio.

Ruiz sugirió que el TSE recurra en ‘avocación’ ante el TCP para que sea el pleno de los magistrados el que resuelva “si mantienen el Auto Constitucional de la Sala Cuarta o la revoquen”. Dijo que lo que corresponde es que la revoquen porque no solamente violenta la Constitución Política del Estado sino la ley que dispone el principio de preclusión. 

El trámite de la avocación permite que una autoridad jerárquica superior revise la resolución de una inferior; en este caso, el pleno del TCP podría revisar el fallo de la Sala Cuarta.

Calificó como un “absurdo político” las resoluciones de la Cumbre del lunes y propuso la emisión de una ley específica que garantice las elecciones.

Por su parte, el abogado y exparlamentario Amílcar Barral dijo que se tienen que llevar adelante las judiciales porque la fase de reclamos de los postulantes ya precluyó y no se puede seguir “revisando listas”, tal como determinaron dos tribunos “prorrogados”.

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