Sucre: Dos hermanas eran violadas por su tío en el Palacete del Guereo

“Estas dos niñas han vivido todas las desgracias juntas que no podría vivir cualquier otra persona”, dice Telma Escalante, abogada del Centro Juana Azurduy de Padilla, antes de empezar a narrar la  dramática historia de dos hermanas, menores de edad, que primero fueron víctimas del feminicidio de su madre, luego sufrieron violencia física y psicológica y, por último, reiteradas violaciones, hasta que una de ellas quedó embarazada. El agresor, además, grababa en video las aberraciones que hacía con las niñas. Todo comenzó en 2016, en Santa Cruz de la Sierra, donde la madre de las jóvenes víctimas fue asesinada por su pareja. El feminicida recibió una sentencia de 30 años de cárcel y seis hermanos quedaron en la orfandad; cuatro de ellos, menores de edad. Inicialmente, todos se quedaron a vivir juntos en la capital oriental, pero en 2019 los mayores no pudieron con la manutención de sus hermanas y cuatro niñas –de 11, 9, 7 y 4 años– llegaron a Sucre a vivir con una tía materna.

La familia que las acogió estaba compuesta por la tía, el esposo –que trabajaba de portero en el Palacete del Guereo– y sus hijos. Vivían en un ambiente que les había dado la Alcaldía. Ese mismo año falleció la tercera de las hermanas por una enfermedad.

“Había un maltrato por parte de ambos, de la tía y el tío que, además, ya tenía sus hijos. La calidad del trato era reprochable, limitándoles incluso hasta el consumo de agua o los alimentos, y las agresiones físicas que les daban constantemente”, dice a CORREO DEL SUR el juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N°1 de Sucre, Cristian Arancibia, donde se llevó a cabo el juicio por violación.

En medio de esta situación, F.A.L., el tío de las menores de edad que hoy tiene 43 años, comenzó a violarlas. Primero, a la hermana mayor de las cuatro; ella, en 2021 “escapó” a Santa Cruz para vivir con sus hermanos, pero nunca contó lo que le había pasado. “Si no te dejas hacer lo que yo quiero, lo mismo voy a hacer con tus hermanas”, la amenazaba el agresor, según la abogada del Centro Juan Azurduy.

La siguiente víctima fue la segunda niña, al parecer, después del viaje de su hermana mayor. Escalante confirma que el hombre utilizó la misma amenaza desde 2021, cuando la niña tenía 11 años, para violarla. Las vejaciones eran recurrentes y en varios ambientes del Palacete del Guereo, según “identifica” la víctima, sostiene la abogada.

“Este hombre conocía muy bien los horarios de su esposa y de sus hijos también; básicamente, conocía en qué memento estaban solas las menores de edad para violarlas”, agrega el Juez.

En medio de esta tortuosa vida de cuatro años, rememora la autoridad judicial, “había el antecedente de que las muchachas habían querido escapar del lugar, no tanto por las agresiones sexuales sino por las agresiones físicas constantes”.

Durante este tiempo, ellas callaron todo. Y nadie se habría enterado de nada si la segunda de las víctimas no hubiera empezado a sentir un malestar estomacal, lo que provocó la intervención de otra de las tías maternas que vive en Sucre, cuenta Escalante.

 

 

SE REVELA TODO

En febrero de este año, la llevó a un centro de salud y al auscultarla un médico concluyó que estaba embarazada de cinco meses. Solo con esa sorprendente revelación, la historia de cuatro años de sufrimiento de las hermanas salió a la luz. La víctima apuntó al tío, a quien incluso llamaban “papá”.

Él se negó, pero fue aprehendido tras la denuncia que se concretó el 23 de febrero pasado. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Sucre se hizo cargo del caso y el Centro Juana Azurduy se adhirió a la causa. Lizeth Martínez, coordinadora de la Defensoría de la Mujer de ese centro social, informa que inmediatamente se gestionó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), disposición que favorece a las menores víctimas de violencia sexual. Mientras, el agresor fue encarcelado preventivamente en San Roque.

“Luego de que todos se enteran, la hermanita mayor rompe en llanto y dice que ‘todo esto yo pude evitar, si es que yo contaba lo que me había hecho a mí’”, añade Arancibia al puntualizar que, por las violaciones a la hermana mayor, se abrió otro proceso penal actualmente en curso.

La menor de todas, que ahora tiene 10 años, no fue atacada sexualmente. Hoy, vive con la tía que descubrió los ataques.

Para mayor gravedad del caso, la abogada del Centro Juana Azurduy confirma que las violaciones eran grabadas por F.A.L. en video con su celular y que enviaba fotos de sus partes íntimas a las dos hermanas.

PRUEBA Y CONDENA

Aun así, el agresor insistía en su inocencia. Pero, el resultado de muestras de ADN que se tomaron al feto confirmó que era el violador. Con todas las pruebas en su contra, F.A.L. llegó a un acuerdo con la Fiscalía para someterse a un juicio abreviado y recibir una sentencia de 25 años de cárcel.

El jueves 7 de octubre, en el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N°1 de Sucre, se confirmó la pena ya acordada.

“Era previsible agravar la pena hasta 30 años (si se iba a juicio ordinario), pero, en la primera audiencia de apertura de juicio, el acusado decide someterse a un procedimiento abreviado. No se ha opuesto la víctima y tampoco la DNA. Aceptó una pena de 25 años de cárcel”, explicó el juez Arancibia que, junto a sus colegas Ángel Barrios y Crisóstomo Mancilla, firmó la sentencia.

AGRAVANTES

El agresor era el responsable del cuidado de las adolescentes y como consecuencia de las violaciones se produjo el embarazo, puntualizó la abogada del Centro Juana Azurduy Telma Escalante.

El Estado no protege a las víctimas de feminicidio

“Me sorprende que en este caso no ha habido visita en 2022-2023”, cuestiona el juez del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer N°1 de Sucre, Cristian Arancibia, lo que pone en evidencia que las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las niñas se olvidaron de ellas.

“Lo que sorprende y llama a la reflexión y el necesario seguimiento que tiene que hacer la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es que, cuando se concede acogimiento circunstancial a las familias ampliadas, tíos, abuelos, etc., tiene que existir un control más riguroso, constante, mínimamente una visita quincenal o mensual sobre la situación que están viviendo las menores”, dice la autoridad jurisdiccional.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Azurduy, Lizeth Martínez, explica que los terribles sucesos de violencia que vivieron las dos hermanas son “consecuencia de la desprotección de los huérfanos por feminicidio”.

Sostiene que el sistema judicial se enfoca más en acusar al autor del feminicidio que en la situación de las víctimas. No sabe con quién se están quedando, lo que lleva a generar un “subregistro y desinformación” de los hijos que perdieron a su madre por feminicidio. El caso de las dos niñas “es un ejemplo de esto”, apunta.

Así, afirma Martínez, la situación de vulnerabilidad es más profunda y los huérfanos quedan a exposición de episodios de violencia.

La funcionaria del Centro Juana Azurduy recuerda que en Sucre hay una Ley Municipal de Política de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes hijos de Víctimas de Feminicidio N° 301/2022, pero “se necesita trabajar en su aplicación”.

Asimismo, dice que “el Estado debe garantizar a esta población una normativa pertinente” en el ámbito nacional. Aunque ya hay algunas propuestas de plataformas, queda avanzar hacia la aprobación de una ley.

El 11 de abril de 2024, el Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados entregó, en nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Israel Huaytari, el “Proyecto de ley de protección integral y reparación para hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio”.