Caso Llojeta: Justicia peruana resuelve la libertad de Iturralde
El ministro Del Castillo dijo que se insistirá en la extradición del empresario a Bolivia
La justicia peruana declaró infundada la detención del empresario Luis Iturralde y dispuso su comparecencia con restricciones, tras su arresto por la Interpol en el contexto de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía boliviana sobre el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado sábado en la zona de Llojeta, en La Paz.
Con esta decisión, Iturralde, que había salido del país para someterse a una intervención quirúrgica en Santiago de Chile, quedó libre, pero deberá comparecer ante las autoridades de Perú. Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, Iturralde fue sometido a un procedimiento abreviado donde se determinó un arresto domiciliario con la obligatoriedad de presentarse cada 15 días y se le secuestró su pasaporte.
La autoridad aguarda que, pese a las medidas impuestas, el empresario pueda ser extraditado al país para cumplir la justicia dentro del proceso que enfrenta tras la mazamorra caída el pasado fin de semana en Bajo Llojeta, de La Paz, que dejó la muerte de una niña de cinco años y afectó a varias viviendas y vehículo
En medio de las investigaciones del caso, la empresa Kantutani pidió la realización de una auditoría técnica independiente para establecer las responsabilidades públicas y/o privadas que provocaron la mazamorra, que ocasionó la muerte de una niña, daños y afectación de varias viviendas.
La empresa afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede determinar la responsabilidad sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace.
Aclaró que los trabajos de estabilización fueron efectuados por recomendación de la alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz.
CITACIÓN A ALCALDES
La Fiscalía de La Paz anunció que citará a los alcaldes de La Paz y Achocalla, Iván Arias y Manuel Condori, para que declaren en calidad de testigos, en el marco de las investigaciones por la mazamorra de la zona Bajo Llojeta, donde una niña perdió la vida y decenas de viviendas resultaron con daños.
“Estas autoridades exclusivamente tienen información pertinente que el Ministerio Público necesita analizar y valorar, para poder emitir exclusivamente los criterios dentro de la presente causa”, indicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez.
Los alcaldes Arias y Condori negaron que sus municipios hayan autorizado los movimientos de tierra, sino por el contrario alertaron a la empresa del riesgo de sus actividades.
Las investigaciones se desarrollan por delitos de estragos. Se presume que movimientos de tierra de una empresa inmobiliaria derivaron en el deslizamiento de la mazamorra.
DELITOS
Las investigaciones del Ministerio Público se llevan a cabo por el delito de estragos, ya que se presume que los movimientos de tierra realizados por una empresa inmobiliaria habrían provocado el deslizamiento de la mazamorra.