Tres magistrados disidentes advierten riesgo de nulidad de la sentencia contra Goni
Las presuntas vulneraciones a los derechos de los procesados, ahora sentenciados en ausencia, podrían derivar en una demanda internacional contra el Estado boliviano
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) María Cristina Díaz, José Antonio Revilla y Edwin Aguayo, que fueron disidentes con la sentencia condenatoria en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el caso Petrocontratos, advirtieron el riesgo de que esta decisión quede anulada por vulneraciones a los derechos de los procesados.
La noche del pasado lunes, el TSJ, con el voto dividido de sus nueve magistrados, emitió una sentencia condenatoria de seis años y tres meses de cárcel para Goni y una pena de cinco años para sus tres exministros de Hidrocarburos por la firma de contratos petroleros sin autorización del entonces Congreso Nacional.
Los nueve magistrados, luego de cerrar la fase de alegatos en el juicio, ingresaron a deliberar y tras cinco horas de debate, salieron a leer su fallo con votos divididos.
Los magistrados Olvis Egüez, Marco Ernesto Jaimes, Carlos Alberto Egüez y Juan Carlos Berrios votaron porque los acusados sean condenados a una pena de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en cambio sus colegas Ricardo Torres y Nuria Gonzáles votaron por la condena solo por el delito de incumplimiento de deberes.
Los magistrados que fueron disidentes con la sentencia condenatoria, pero tampoco pedían la absolución, fueron María Cristina Díaz, José Antonio Revilla y Edwin Aguayo.
El presidente del Tribunal de Juicio, Olvis Egüez, dijo que Díaz votó por la nulidad del proceso al observar la vulneración de derechos en el juzgamiento en rebeldía y sin que exista una doble instancia, mientras que Revilla y Aguayo votaron por la nulidad del juicio, por la falta de doble instancia de impugnación, establecidos en la jurisprudencia convencional.
Díaz argumentó su voto disidente observando la vulneración de derechos de los acusados en un juicio en ausencia, sin haber sido notificados personalmente, y a una doble instancia de juzgamiento, afectando el derecho al debido proceso.
Entretanto, Revilla observó la vulneración al debido proceso convencional, con base en una reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre un caso de Colombia, de noviembre de este año, que podría derivar en una demanda internacional contra el Estado boliviano.
Los acusadores expresan su conformidad con la decisión, aunque el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dijo que esperan conocer la sentencia íntegra este martes para analizar la necesidad de plantear o no recursos legales de impugnación a las determinaciones.
Asimismo, el portavoz de Goni, Mauricio Balcázar, adelantó que acudirán a instancias internacionales una vez que conozcan la sentencia de manera íntegra.