CIDH admite demanda de 16 jueces y un fiscal despedido; el monto de resarcimiento del Estado bordea los $us 4,5 millones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió formalmente una demanda en contra del Estado boliviano, a denuncia de 16 jueces y un fiscal de materia, despedidos injustamente por el Consejo de la Magistratura y el exfiscal general Ramiro Guerrero y que obliga a Bolivia a pagar un resarcimiento de aproximadamente 4,5 millones de dólares o de lo contrario ir a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Arturo Yáñez, abogado de los 16 jueces y un fiscal, que son los peticionantes, informó que el viernes en la noche fue notificado con la resolución de admisión de la petición de sus defendidos, con lo que la CIDH está declarando formalmente por vulnerados sus derechos.

“La CIDH está admitiendo (vulneraciones) respecto de derechos políticos, debido proceso, igualdad ante la ley, por la discriminación que sufrieron al ser despedidos con el pretexto de que eran transitorios y por desarrollo progresivo que tiene que ver con derechos económicos: derecho al trabajo, discapacidad y otros”, manifestó Yáñez.

El abogado explicó que a partir de esta admisión corre un plazo de cuatro meses para la presentación de observaciones por parte del Estado demandado y los peticionantes y la CIDH elaborará su informe final que debería concluir con el establecimiento de responsabilidades internacionales contra el Estado y presentarlo ante la Corte IDH.

¿Solución amistosa?

Con esta admisión formal, Yáñez considera que el Estado debe llegar a una solución amistosa, “que pasa por el resarcimiento a estos 17 funcionarios que fueron despedidos de forma indebida y que paradójicamente, los jueces, vocales y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no han tutelado sus derechos y terminarán siendo ajusticiados por el sistema interamericano”.

Yáñez dijo que se debería continuar con “el proceso de exploración” iniciado por la Procuraduría General del Estado, para llegar a una solución amistosa que pasa por la devolución de todos los haberes que dejaron de percibir los peticionantes durante estos años; “estamos hablando de más o menos 4,5 millones de dólares en conjunto y los resarcimientos morales, las disculpas del Estado de manera pública y otro tipo de medidas”.

Recordó que hasta diciembre de 2023 la liquidación por resarcimiento dentro de este caso, alcanzaba a 3,9 millones de dólares y, a la fecha, ese monto se ha incrementado y debe estar bordeando los 4,5 millones de dólares que el Estado tendría que devolver a estar personas indebidamente despedidas.

Resarcimiento

En criterio del abogado, si bien en un principio el Estado pagará el monto del resarcimiento por disposición constitucional y las leyes, el pago debe ser repetido a quienes no cumplieron con su obligación de garantizar la no vulneración de derechos; el Consejo de la Magistratura, jueces, vocales y magistrados del TCP que  llevaron al Estado a un posible juicio ante tribunales internacionales.