Condenan a cinco años y cuatro meses de cárcel a tres exministros de Áñez por el caso Gases de Ecuador

Los exministros Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga Vera fueron sentenciados a 5 años y 4 meses de prisión por haber internado de manera irregular gases lacrimógenos desde Ecuador en 2019, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Además de los exministros, el coronel del Ejército, Héctor Pérez Ortiz, recibió una pena de 3 años y 4 meses; mientras que el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, quedó absuelto. 

De acuerdo con la investigación, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre Murillo, López, Lizárraga y otros, se tomó contacto con la Policía de Ecuador y se acordó la entrega de armamento no letal a Bolivia.

Tras el acuerdo, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación que desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 muertos y al menos 78 heridos.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material y se develó el “préstamo” irregular. Posteriormente, se activaron las pesquisas. El juicio oral inició en mayo de 2024. Las exautoridades fueron declaradas en rebeldía, debido a que salieron de Bolivia en 2020.

La sentencia fue dictada en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer N° 25 de la ciudad de La Paz, mediante Resolución 001/2025.

Los tres exministros de Jeanine Áñez fueron declarados culpables del delito de incumplimiento de deberes. La pena será cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, según corresponda, informó la Procuraduría General del Estado.

Además, los sentenciados deberán pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado.