Consejo inicia una auditoría a gastos en la DGAF judicial

El Consejo de la Magistratura ordenó una auditoría financiera a la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial para transparentar los gastos de la administración del presupuesto y determinar si existen indicios de responsabilidad civil, administrativa, ejecutiva o penal, anunció el presidente de esa institución, Manuel Baptista, tras conocer el informe de auditoría de la Contraloría General del Estado que estableció irregularidades en el manejo del gasto público.

La autoridad explicó que los consejeros instruyeron a las unidades y direcciones correspondientes proveerse de información sobre la realización de auditorías anteriores que hayan determinado alguna responsabilidad en la DGAF.

Indicó que ya existe un informe técnico legal con datos que se ha recabado para el inicio de la auditoría financiera que no se había hecho hasta el momento, en cumplimiento del mandato de la Constitución Política del Estado para saber cómo se han administrado los recursos del Órgano Judicial.

“La auditoría va a determinar si los gastos realizados por esta institución han sido administrados de manera correcta o no, esto va a determinar indicios de responsabilidad tanto civil, administrativa, ejecutiva o penal”, manifestó Baptista.

DEPÓSITOS JUDICIALES

El Presidente reveló que hay denuncias de malos manejos económicos en la disposición ilegal de los recursos de depósitos judiciales que ingresaron a las arcas de la DGAF y que fueron destinados a otro tipo de gastos.

“Este tipo de movimientos de dinero no están permitidos, la Contraloría ha tomado una posición al respecto y nosotros estamos haciendo las auditorías para determinar quiénes son los responsables y cómo vamos a reaccionar ante esta situación”, precisó.

Anunció que se prevén varias auditorías que incluyen también los procesos de contratación de obras, compra de bienes y servicios y contratación de personal.

Sobre el informe de la Contraloría General del Estado que reveló presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del directorio de la DGAF, Romer Saucedo, informó que enviaron una nota a la Contraloría solicitando una aclaración y que a la fecha no recibieron ninguna respuesta. 

“Aún no nos ha respondido a esa solicitud; una vez nos respondan, donde haya indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa, nosotros vamos a iniciar las acciones”, manifestó Saucedo en una entrevista con CORREO DEL SUR la anterior semana.

Desde el Tribunal Agroambiental, su presidente Richard Christian Méndez, reveló que el informe de Contraloría demuestra una falta de transparencia en la consolidación de los recursos de depósitos judiciales que se habrían dispuesto sin cumplir las normas de contabilidad.

¿Qué dice el informe de la Contraloría?

En su informe de auditoría realizado a solicitud del Consejo de la Magistratura en la anterior gestión, la Contraloría manifiesta que los procedimientos aplicados por la DGAF en la consolidación de los depósitos judiciales no se adecúan al marco normativo vigente y que la misma, se efectuó sin previa verificación sobre si los litigantes que depositaron habrían perdido el derecho a la restitución (prescripción).

“La utilización de los recursos generados producto de la consolidación de depósitos, la DGAF no abrió una cuenta bancaria que permita identificar en qué fueron utilizados estos recursos”, señala en uno de sus puntos.

En una de sus disposiciones finales, la Contraloría recomienda al Directorio de la DGAF, remitir el informe a la autoridad legal competente para que tome las acciones legales que correspondan contra exdirectores.