Allanan las oficinas nacionales de Derechos Reales en la capital

A seis meses de las denuncias de manipulación informática en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, donde se habrían alterado y suprimido gravámenes de inmuebles y desfalcado alrededor de 2 millones de bolivianos, la investigación se amplió a las oficinas nacionales de esa institución, con sede en Sucre. 

Este miércoles, un fiscal de Santa Cruz y al menos siete policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron las oficinas nacionales de Derechos Reales, de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Unidad de Servicios Informáticos del Consejo de la Magistratura, en Sucre, para recabar más datos sobre los hechos de corrupción que mantienen en vilo la seguridad jurídica de los bienes de los bolivianos. El operativo se realizó en medio de hermetismo.

El primer allanamiento por delitos de manipulación informática data del 26 de septiembre de 2024 en Santa Cruz, tras una denuncia del Consejo de la Magistratura, que calificó la situación de grave porque se estaba generando inseguridad jurídica en la población.

ALLANAMIENTOS EN SUCRE

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, acompañado de la decana Rosmery Ruiz y de la magistrada Fanny Coaquira, llegó a las oficinas de la DGAF y, tras recibir información, indicó que el fiscal asignado ejecutó una orden de allanamiento de un juez en las oficinas de DDRR y de informática del Órgano Judicial en Sucre.

“Esto a raíz de hechos suscitados en las oficinas de DDRR Santa Cruz, donde se habrían alterado algunos gravámenes, suprimido inclusive, y, dada la terea investigativa, nosotros hemos manifestado al fiscal que hagan las labores que tengan que hacer. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, proteger a nadie, y estamos para coadyuvar si es necesario”, dijo.

Consultado sobre si el caso de corrupción se habría extendido a las oficinas en Chuquisaca, la autoridad aclaró que están en curso actos investigativos por los hechos de la manipulación informática en Santa Cruz.

VARIAS DENUNCIAS

Sobre el tema, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, complementó que los investigadores cumplieron con el procedimiento judicial de revisar archivos y requisar documentación para esclarecer hechos ilícitos sobre presunto desfalco de dinero que debería ingresar al Órgano Judicial.

“Hay varias denuncias de manipulación informática en Santa Cruz, no solamente de esta gestión sino del año pasado, donde ha existido manipulación informática, incumplimiento de deberes que hasta la fecha se encuentran en investigación”, dijo Baptista, quien reveló que fueron citados como testigos algunos funcionarios, entre ellos la Directora Nacional de DDRR y el Jefe de Servicios Informáticos.

LIBERADOS

Al menos ocho funcionarios de DDRR aprehendidos –tres de Santa Cruz y cinco de Beni– se defienden en libertad. Baptista informó que, en el primero de esos departamentos, el registrador y dos funcionarios cumplieron detención preventiva, pero hace una semana recuperaron su libertad.

En el caso de Beni, fueron aprehendidos cinco funcionarios, denunciados por anular anotaciones preventivas de muebles, lo que habría generado un daño económico de Bs 6 millones. Pero, un juez dispuso libertad irrestricta para el Registrador.

Al respecto, Baptista aclaró: “Somos respetuosos de la decisión judicial, no vamos a interferir en la labor de los jueces. Pero les vamos a pedir que acompañen en esta lucha contra la corrupción, puesto que si le voy a otorgar libertad irrestricta, tengo que entender, como juzgador, que esta persona no vaya a presentarse más en las investigaciones”.

COMISIÓN

En enero, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura conformó una comisión para ejecutar una fiscalización en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, donde se denunció un millonario desfalco económico.

DDRR colabora en la indagación de la Fiscalía

La directora nacional de Derechos Reales, Margarita Challhua, informó a CORREO DEL SUR que el allanamiento de este miércoles se enmarca dentro de las investigaciones por hechos de manipulación informática denunciados en las oficinas de Santa Cruz.

“Nosotros, como Dirección Nacional, estamos prestos a colaborar en cualquier investigación. Estos hechos sucedieron en anteriores gestiones y, como nuevas autoridades, no vamos a permitir ningún hecho irregular, y tampoco vamos a proteger a ningún servidor público”, sostuvo.

Reveló que el Ministerio Público intervino la institución para recabar datos de la unidad de informática, pero, como no existe esa repartición en la central de DDRR, los investigadores se dirigieron al Consejo de la Magistratura. Dijo que se llevaron copias simples de documentos.