Exministros piden a la ONU intervenir en la detención de jueza Moreno

Un grupo de 34 exministros y exministras de Estado presentó una denuncia formal ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertando sobre una supuesta violación a la independencia judicial y a los derechos fundamentales de la jueza Lilian Moreno Cuéllar, recientemente aprehendida tras emitir una resolución que anulaba una orden de captura contra el expresidente Evo Morales.

En el documento enviado a la ONU, los exdignatarios solicitan un pronunciamiento urgente sobre lo que consideran una “arbitraria privación de libertad” en contra de la jueza, ocurrida sin investigación previa ni proceso disciplinario alguno. Señalan que el fallo emitido por Moreno se limitó a declarar la nulidad de una orden de aprehensión “manifiestamente irregular”, lo cual –según argumentan– no justifica su detención.

Los firmantes denuncian que esta aprehensión constituye una violación flagrante al debido proceso, a la independencia judicial y a los estándares internacionales de protección para operadores de justicia. En su argumentación, citan una sentencia constitucional emitida el 3 de febrero de 2015, en la que se establece que no se puede iniciar una investigación penal contra un juez por una decisión tomada en el ejercicio de su función hasta que esta haya sido revisada por la instancia correspondiente.

“La detención de la jueza Moreno muestra el desconocimiento de este precedente constitucional y revela una enorme arbitrariedad, vulnerando el principio de legalidad, así como las garantías de independencia judicial”, señala la denuncia, que también enmarca el caso en un contexto más amplio de hostigamiento y persecución política.

En ese sentido, los exministros piden a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU que observe y documente la situación de la jueza Moreno, así como otros casos de persecución a operadores de justicia en Bolivia, con especial énfasis en las mujeres que ejercen funciones jurisdiccionales.

Asimismo, instan a que se exhorte al Estado boliviano a respetar la independencia judicial, el debido proceso y los precedentes constitucionales; que se solicite información oficial sobre la situación de la jueza y las medidas adoptadas para garantizar su integridad, libertad y pleno ejercicio de sus derechos; y que se promuevan acciones concretas para prevenir y erradicar cualquier forma de persecución contra jueces independientes en el país.