Ordenan detención preventiva para jueza que favoreció a Evo
Su defensa denunció que no se valoraron pruebas y el Ministro de Justicia pide iniciar juicio en el caso Trata
La jueza anticorrupción de La Paz, Ximena Palacios, determinó este martes enviar a la cárcel de Palmasola a su colega de Santa Cruz Lilian Moreno, con detención preventiva de un mes, por haber anulado la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales. La Fiscalía había imputado a Moreno por los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. La defensa de la jueza cruceña denunció que en la audiencia cautelar no se valoraron las pruebas de descargo y tampoco otorgaron la palabra a la imputada, por lo que resolvieron apelar a esa decisión.
Moreno fue aprehendida la mañana del lunes en Santa Cruz y trasladada a La Paz, donde el Ministerio de Justicia la denunció por prevaricato luego de que ella resolviera que el proceso por trata y tráfico contra Morales se trasladara de Tarija a Cochabamba, donde vive el acusado. Después, dispuso que se anulen los obrados porque se había incumplido su primera resolución.
LA AUDIENCIA
La audiencia cautelar de este martes se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad policial. Uno de los principales fundamentos del Ministerio Público en su imputación fue la anulación de la imputación y del mandamiento de captura contra Morales.
La defensa de Moreno señaló que la Fiscalía no comprobó los indicios contra la Jueza, además de que en audiencia no se permitió la presentación de incidentes ni se dio la palabra a la imputada.
Según la imputación fiscal, la jueza Moreno determinó anular la orden de aprehensión de Morales en “franco incumplimiento” de otra resolución emitida por el juez de La Paz Franz Zabaleta, quien ordenó proseguir con el proceso contra el expresidente en Tarija.
El Fiscal alegó que existen riesgo de fuga y facilidad para abandonar el país de parte de la Jueza y, por eso, se solicitó la detención preventiva.
La defensa informó que se ha presentado una apelación a la decisión de la justicia, además de otros recursos que existen a su favor. Solicitaron que lo antes posible se proceda al traslado de la detenida a Palmasola.
Los abogados de Moreno revelaron que durante la audiencia la jueza Palacios ni siquiera dirigió su mirada hacia la imputada, “expresando una realidad cargada de odio hacia su colega cruceña”.
PIDEN INTERVENIR A LA ONU
Dos exministros de Estado, afines al expresidente, pidieron este martes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su intervención en el caso de la jueza Moreno, quien fue detenida después de emitir un fallo que beneficiaba al exmandatario anulando su orden de aprehensión. “Estamos pidiendo que Naciones Unidas intervenga en la falta de imparcialidad judicial y en la intervención del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo”, dijo la exministra Teresa Morales, en una conferencia de prensa.
Wilma Alanoca, también exministra del gobierno de Morales, dijo que la detención “ilegal y arbitraria” de Moreno “pone en manifiesto que el gobierno de Luis Arce quiere consolidar la persecución política frente a cualquier adversario político”.
“Le pedimos a la relatora Margaret Satterthwaite un urgente pronunciamiento respecto a la violación y vulneración de la independencia judicial en Bolivia y vulneración de los derechos fundamentales de la jueza Lilian Moreno”, demandó la exministra Morales.
Caso Trata: Siles exige acusación e inicio de juicio
El plazo de la investigación del caso de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija y que involucra al expresidente, Evo Morales, ya tiene vencimiento y se debe presentar la acusación formal para iniciar el juicio, ratificó este martes el ministro de Justicia, César Siles.
“El juez de la acción de libertad de La Paz atendió también un recurso de queja que presentamos nosotros como (Ministerio de) Justicia y restituyó una vez más la competencia plena del juez de Tarija y del fiscal de Tarija para seguir con la investigación, que además ya está en su etapa preparatoria, hay una imputación y hay plazo vencido para una posible acusación, y tiene que irse al juicio oral público y contradictorio”, dijo Siles en una conferencia de prensa.
La autoridad exhibió dos elementos para sustentar su posición: El 2 de octubre de 2024 se inició la investigación en contra del expresidente y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal la Fiscalía tiene seis meses de plazo para la presentación de la acusación formal y el inicio del juicio oral.
Los seis meses que otorga el Código se cumplieron supuestamente el 2 de abril, alertó la autoridad.
Asimismo, dijo que si se toma la detención de la última persona para extender la investigación por otros seis meses, el último detenido preventivo por este caso fue el padre de la supuesta víctima, Emeterio V.M., que se produjo el 14 de octubre; los seis meses se cumplían en 14 de abril.
Según Siles, ellos son parte del proceso y pedirán la presentación de la acusación formal.
Denuncian a Moreno por prevaricato y piden al TSJ querellarse
Un equipo de abogados de Oruro llegó este martes hasta la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para presentar una denuncia penal por prevaricato contra la jueza Lilian Moreno, Además, exhortó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, que se constituya en parte querellante para que se investiguen los actos de la denunciada y se pueda garantizar “seguridad y certeza jurídica” a los bolivianos.
René Benjamín Vargas señaló que las dos denuncias, primero de la senadora Luciana Campero en Santa Cruz y del Ministerio de Justicia en La Paz, están relacionadas con la última resolución emitida la semana pasada por la jueza Lilian Moreno, que dentro de un recurso de queja anuló la orden de captura de Morales. Sin embargo, dijo que el origen, “la madre” de este problema, que en su criterio es “un circo jurídico”, está en la primera resolución que emitió la jueza Moreno en octubre de 2024, producto de una acción de libertad presentada por el expresidente Evo Morales en la que dispuso la nulidad de la imputación y que el caso sea remitido de Tarija a Cochabamba.
El abogado explicó que, en el marco de las sentencias constitucionales, este conflicto de competencias y las órdenes de aprehensión presuntamente ilegales no pueden ser resueltas mediante acciones de libertad, sino en la vía ordinaria mediante los jueces de control jurisdiccional, ya sea de Tarija o de Cochabamba.
“Pero la Jueza, en contra de las sentencias constitucionales y el bloque de constitucionalidad, decide anular una orden de aprehensión y disponer que se remita la investigación a Cochabamba y eso no es correcto. Esta conducta de la autoridad jurisdiccional es presuntamente prevaricadora”, agregó.
Por otro lado, Guzmán indico que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (Art. 14) obliga a las máximas autoridades de la institución que se ve afectada por la comisión de delitos de sus funcionarios a querellarse.
“Si la juez es parte del Órgano Judicial, ¿quién es la máxima autoridad? El Presidente del TSJ. Es el que tiene que constituirse en parte querellante en las denuncias que cursan contra la Jueza”, puntualizó.
Ratifican vigencia de orden de captura
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, calificó de “extralimitación” la decisión de la jueza Lilian Moreno de anular las actuaciones del Ministerio Público en el proceso penal contra Evo Morales por haber mantenido una relación con una menor en 2015. Además reveló que no fueron notificados con el trámite del recurso de queja planteado por la defensa de Morales.
“Creo que ha habido una extralimitación por parte de la señora juez (Moreno).¿Qué línea legal jurisprudencial habrá tomado para sacar esta última resolución? Esto lo sacó a raíz de una queja que habrían presentado los abogados de Evo Morales”, cuestionó Gutiérrez.
Con la decisión de un juez de La Paz de dejar en suspenso la decisión de Moreno, Gutiérrez ratificó que el caso se mantiene en Tarija y que la investigación continúa, incluyendo la imputación formal, la declaración de rebeldía y el mandamiento de aprehensión contra el dirigente cocalero.
NO FUERON NOTIFICADOS
Según Gutiérrez, la Jueza cruceña emitió una resolución sin haber notificado ni a la Fiscalía Departamental ni al juez competente en Tarija, Nelson Rocabado, ni a los fiscales actualmente asignados al caso.
“Pretenden que cumplamos una resolución de la que nunca fuimos parte ni fuimos notificados. Eso es jurídicamente inadmisible”, reprochó en conferencia de prensa.