A una jueza la capturaron en 48 horas; Evo Morales lleva 6 meses en libertad

La demora de seis meses en la ejecución de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, dentro de un proceso penal por trata, y, contrariamente la captura en menos de 48 horas de la jueza Lilian Moreno, en Santa Cruz, vuelven a mostrar que las leyes en Bolivia no se aplican para todos por igual.

Estos casos han hecho reflotar los cuestionamientos sobre la politización de la justicia y, al mismo tiempo, la judicialización de la política, en puertas de unas nuevas elecciones generales, según coinciden algunos abogados.

El constitucionalista y analista político Luis Alberto Ruiz recordó el mandamiento de aprehensión contra Morales, que no se ejecuta desde octubre de 2024, e hizo notar que, contrariamente, se aprehendió en menos de 48 horas a la jueza Moreno, que favoreció al expresidente con una resolución.

Lamentó que no se haya detenido al principal denunciado por trata y tráfico de personas, que permanece en el “Estado cocalero del Chapare y el Gobierno jura que es soberano y no puede poner un pie en esa región para hacer cumplir un mandamiento de aprehensión”.

El abogado Benjamín Guzmán, que interpuso una denuncia en la Fiscalía en Sucre contra Moreno, dijo que en Bolivia “hay ciudadanos de primera y de segunda, porque hay que ser presidente o supuestamente indígena para que la ley no se aplique”.

Cuestionó que en seis meses de vigencia de la orden de aprehensión contra Morales nadie haya hecho nada para ejecutarla. “Eso tiene que llamar la atención a la población y eso tiene que generar indignación. ¿Cómo es posible que pase en Bolivia esto?”, cuestionó.

Explicó que la orden contra la jueza de Santa Cruz es tan válida como la del expresidente. “¿Por qué no ejecuta esa orden de aprehensión? Porque en Bolivia la ley no es igual para todos”, enfatizó.

“LA SINALOA DE MÉXICO”

El abogado Guzmán advirtió que la no ejecución del mandamiento de aprehensión contra Morales sienta un precedente nefasto en relación con el cumplimiento de las leyes. “¿Es que al Chapare le tienen miedo? Por así decirlo, es la Sinaloa de México, es un lugar impenetrable”, sentenció. “Posteriormente va a suceder lo mismo con los Kakachacas, y en Challapata (Oruro) donde dirán: ‘Aquí nadie entra’. Y así se van a ir creando células en el país donde el principio de autoridad de la ley ya no va a regir; eso es peligroso para un Estado de derecho”.

Guzmán preguntó por qué no hacen con Morales lo mismo que hicieron con el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien aprehendieron en el aeropuerto después de un operativo de inteligencia de la Policía. “Nos está tomando el pelo, al parecer estamos viviendo un ‘circo judicial’”, agregó.

“SE TRITURAN DERECHOS”

El abogado Arturo Yáñez denunció que se siguen cometiendo abusos en cuanto al debido proceso, sobre todo, en juicios con tinte político. Puso como ejemplo de vulneración al debido proceso la aprehensión, precisamente, de la jueza Moreno cuando salía de su domicilio en Santa Cruz. No le mostraron una orden de arresto, la trasladaron a la ciudad de La Paz para que preste declaración y otra jueza ordenó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola. 

“Seguimos cometiendo las mismas estupideces por un sistema que en vez de tutelar los derechos, los tritura. Por muy mal que haya hecho la juez, tiene derecho a un debido proceso”, puntualizó.

También se refirió al informe del Grupo Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que señaló una transgresión al juez natural en el caso del gobernador Camacho  tras haberlo llevado a La Paz, pese a que lo acusan por hechos que se suscitaron en Santa Cruz.

En cuanto a Moreno, según Yáñez, se ha sobrepasado el principio del juez natural –que es el lugar donde supuestamente se cometió el hecho: Santa Cruz, la Jueza dictó su resolución–, pero como es político el Ministerio de Justicia la denunció en La Paz.

Caso Evo: Mariaca exige fallo al TCP

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para solicitar la emisión, con urgencia, de un fallo dentro del proceso por trata y tráfico de personas seguido contra el expresidente Evo Morales. 

La petición fue presentada el martes 6 de mayo pasado, mediante un apersonamiento formal en Sucre, y exige, además, la priorización en el sorteo y revisión de una acción de libertad, tomando en cuenta que la víctima es una menor de edad.

Invocó el principio del interés superior del niño y la aplicación de tratados internacionales ratificados por Bolivia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo y otros instrumentos que demandan una respuesta urgente del sistema judicial cuando están en juego los derechos de menores. 

“El caso reviste especial urgencia y relevancia jurídica porque involucra a una víctima en situación de alta vulnerabilidad y a un acusado con poder político. Es un proceso por trata de personas en el que está comprometida la protección de una menor de edad, por tanto, no puede seguir postergado”, remarcó.

Abogados: Jueza Moreno se extralimitó

Según el abogado Arturo Yáñez, la jueza Lilian Moreno resolvió un Recurso de Queja “sin oír a los quejados” –es decir, a los obligados a cumplir el fallo– y oyendo solamente al “quejoso” –que debe ser la defensa del expresidente Evo Morales– y, por principio de unidad, la comisión de fiscales podía haber intervenido y apelado a esa resolución.

“Es una gravísima irregularidad que cometió la juez Moreno”, dijo al referirse a la autoridad judicial que, mediante un recurso de queja, dispuso anular la imputación, la orden de detención contra Morales y remitir el proceso al distrito de Cochabamba.

El abogado Benjamín Guzmán considera todo esto un “circo jurídico”, que pone en incertidumbre la seguridad jurídica de los bolivianos.

“Estamos hartos con este circo: En Santa Cruz anulan una orden de aprehensión del señor Morales; en La Paz, revocan esa resolución y dicen que se queda en suspenso. ¿En qué circo jurídico estamos viviendo?, ¿dónde está la seguridad y la certeza jurídica?, es decir, hacer lo que la ley dice, nada más”, señaló.

En criterio de Guzmán, la jueza Moreno cumple prisión preventiva por culpa de Morales, que está “salpicando” a un montón de gente. Este caso no debe opacar el proceso principal contra el expresidente, dijo, es hora de que alguna autoridad competente haga cumplir esa orden de aprehensión.