Farini: En Bolivia se utiliza la justicia en persecuciones

El abogado argentino es miembro del Foro por la Democracia en la Región (Fader) y denunció a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad ante un Juzgado Federal de su país

DENUNCIANTE. El abogado argentino Tomás Farini que impulsa demandas sobre DDHH. DENUNCIANTE. El abogado argentino Tomás Farini que impulsa demandas sobre DDHH. Foto: 6

Sucre/CORREO DEL SUR
Seguridad / 18/05/2025 05:25

El abogado argentino Tomás Farini, miembro del Foro por la Democracia en la Región (Fader), que denunció a Evo Morales por crímenes de lesa humanidad ante un Juzgado Federal de ese país, manifestó que el Órgano Judicial en Bolivia fue utilizado por el poder político para perseguir opositores y esta situación fue demostrada en los informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Farini, representante de víctimas de persecución política durante el gobierno de Evo Morales, indicó que el propósito de la denuncia presentada en Argentina es imponer condenas a los autores de crímenes de lesa humanidad. Explicó que la denuncia está enmarcada bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a la justicia argentina activar la cláusula constitucional del artículo 118 en casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetrados por el poder, en cualquier país y contra cualquier ciudadano del mundo.

“Para que se abra la jurisdicción universal, lo que se tiene que hacer es probar, además de los sistemáticos crímenes de lesa humanidad, que el poder judicial, donde se cometen los crímenes, no está capacitado o no quiere investigar. Esto está demostrado con los informes lapidarios de la CIDH que explican sin ningún tipo de discusión que el poder judicial en Bolivia fue utilizado por el poder político para perseguir opositores”, señaló Farini en una entrevista con Correo del Sur Radio.

El abogado dijo que con la apertura de la jurisdicción universal se logró activar la orden de captura contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y 16 funcionarios de su régimen y contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, órdenes que aún no fueron ejecutadas.

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