TCP ordena al INRA tramitar pedido de dotación de tierras de indígenas

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de una sentencia, ordenó al INRA que en un plazo de 48 horas, a partir de su notificación, admita la demanda de dotación de tierras comunitarias a la población Tsimane del sector Yacuma, del departamento de Beni. Además, anuló las resoluciones de asentamientos otorgados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a otros sectores como los interculturales.

La Sala Tercera del TCP notificó con la Sentencia Constitucional 0935/2024, del 30 de diciembre del año pasado, respecto a una acción popular presentada por miembros del Subconsejo Tsimane de Yacuma en contra del Director del INRA y de la Directora departamental de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) de Beni.

Los accionantes denunciaron que desde 2010 son víctimas de atropellos por parte del INRA, que emite resoluciones de asentamientos a favor de terceras personas, como los interculturales, sin considerar su condición de pueblo indígena y el derecho preferente que estos tienen sobre la tierra, al extremo de pretender despojarlos de su hábitat.

Ante esta situación, en junio de 2021 presentaron ante esta instancia una demanda de dotación de tierras en la superficie de más de 54.000 hectáreas, pero ese recurso no fue considerado hasta la fecha.

Según los denunciantes, el INRA departamental de Beni remitió en agosto de 2021 a la ABT una lista de comunidades interculturales que cuentan con asentamiento dentro de su territorio en aproximadamente 80 comunidades, favoreciendo a personas que nunca habitaron en el lugar.

El TCP advierte indicios de responsabilidad penal en contra de las autoridades del INRA y ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público para su investigación, así como la reparación de daños causados al medioambiente y afectación de derechos de los pueblos indígenas.

Ordenó la admisión de la demanda de dotación y titulación de tierras comunitarias a los tsimanes del sector Yacuma y concedió la tutela y anuló todas las resoluciones de asentamientos otorgados por el INRA a los interculturales.

La Sala Tercera, de los magistrados Isidora Jiménez (relatora) y Petronilo Flores (ahora exmagistrado), también dispuso la restitución de la posesión al pueblo indígena accionante de la superficie demandada de 54.302,6905 hectáreas y el desalojo y desocupación de los interculturales y de otros que están ocupando esas tierras.