TCP ordena pagar salarios a jueza destituida en 2022

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso la restitución inmediata de la jueza agroambiental de Santa Cruz Rosa Barriga, que fue retirada de su cargo en enero de 2022 por ser “transitoria”, tal como ocurrió con casi un centenar de jueces del país, y ordenó el pago de sus salarios devengados desde aquel año. El monto podría sobrepasar el medio millón de bolivianos.

Esta sentencia deja establecido que, para retirar a un juez, primero se debe evaluar su desempeño. El TCP dispuso no solo la reincorporación inmediata de Barriga y el pago de sus salarios devengados más costas, sino el inicio de procesos penales contra los involucrados en este despido arbitrario, así como activar demandas de repetición para que los implicados reparen los daños.

DESPEDIDA

La abogada desempeñó funciones como jueza agroambiental en Santa Cruz hasta el 27 de enero de 2022, cuando fue notificada con un memorándum de agradecimiento de servicios del Consejo de la Magistratura porque se había procedido a la designación de jueces de carrera.

Entonces, impugnó esa decisión alegando que no había una sentencia condenatoria u otra causal de destitución. Sin embargo, en todas sus instancias, el Consejo ratificó el despido arguyendo que los “transitorios” no gozan la estabilidad y de inamovilidad laboral.

La Jueza afectada planteó una acción de amparo y, en noviembre de 2022, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca le denegó la tutela indicando que la accionante debió activar recursos en contra de la convocatoria a jueces de carrera y que, más bien, con esta inacción habría consentido el proceso.

FALLO

La resolución de primera instancia llegó en revisión al TCP, que el pasado 30 de diciembre emitió la Sentencia 0934/2024, con la que revocó el dictamen de la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca y dejó sin efecto el memorándum de despido del Consejo.

Ahora, se dispuso la inmediata restitución de Barriga a su cargo de jueza agroambiental de Santa Cruz, con todos sus derechos laborales, cargas sociales y salarios devengados, hasta la restitución efectiva de sus funciones, no pudiendo ser restituida en otro cargo similar.

Asimismo, el TCP ordenó que el Consejo de la Magistratura inicie acciones de repetición contra todo implicado en estas denuncias, en un plazo de tres meses, y que notifique con este fallo al Fiscal General del Estado para la apertura de acciones penales contra los involucrados. También dispuso que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se constituya en defensor de la garantía de la independencia judicial a favor de la accionante.

En otro de los puntos del ‘Por Tanto’ de la sentencia, se “concede el pago solicitado por la accionante por los daños y perjuicios y costas procesales”, algo que debe ser calculado por la Sala Constitucional Segunda del TDJ.

En otro fallo, sobre el caso de la jueza de Tupiza Pastora Cabrera, que también fue destituida con el argumento de ser transitoria, el TCP ordenó el pago de salarios devengados, que a la fecha supera el millón de bolivianos y que el Consejo aún no efectivizó. Cada día que no se le paga, el monto se incrementa.

Una veintena de jueces destituidos por ser transitorios, y que agotaron la vía interna en Bolivia sin lograr justicia, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió su demanda contra el Estado. Este podría ser obligado a reparar daños.

ALTERNATIVA

Ante la constante negativa a su pedido de restitución para ejercer su cargo, la abogada Rosa Barriga tomó la decisión de formarse en la Escuela de Jueces de Estado (EJE). Logró egresar en 2024 y desde marzo de este año ejerce como jueza en San José de Chiquitos.