El TCP pone freno a despidos arbitrarios de jueces del país

Tres fallos del Tribunal Constitucional Pluri­nacional (TCP) confir­man la vulneración de derechos a la estabilidad labo­ral y al debido proceso en los despidos arbitrarios de jueces “transitorios” por parte del Consejo de la Magistratura en los últimos 10 años, por el que este alto tribunal, ordenó que tres juezas deben ser reincor­poradas a sus cargos y el pago de salarios devengados que su­peran los 1,5 millones de boli­vianos. Por estos despidos de aproximadamente 80 jueces provisorios desde 2017, una veintena de víctimas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió la petición de justicia y si el Estado quiere evitar un jui­cio ante la Corte IDH debe llegar a una solución amistosa previo pago de un resarcimiento, cuyo monto supera los 4,5 millones de dólares.

Todo este conflicto jurídico se ha generado porque las dos primeras generaciones de auto­ridades del Consejo de la Magis­tratura (2011-2018 y 2018-2024) procedieron a despidir a jueces “transitorios” sin cumplir con la Ley 025 del Órgano Judicial que establece la evaluación del desempeño en el marco de los estándares naciones e interna­cionales de protección de los derechos de los jueces.

Los recientes fallos del TCP están relacionados con los re­cursos de amparo de las juezas Pastora Cabrera, Rosa Barriga y Gabriela Luizaga, quienes fueron destituidas del cargo sin el debido proceso por decisión de los consejeros de la Magis­tratura y con el aval de las salas constitucionales.

Los jueces denunciaron que los despidos se daban para que los consejeros y autoridades po­líticas de turno coloquen a sus “recomendados” en estos car­gos y que estas vulneraciones fueron “avaladas” por la mayo­ría de las salas constitucionales del país, incluso los magistra­dos del TCP, por eso es que una veintena de jueces acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

VE NUEVO GIRO

Arturo Yáñez, abogado defensor de las juezas Pastora Cabrera, Rosa Barriga y Gabriela Luizaga, destacó los tres recientes fa­llos del TCP (que tienen fecha el penúltimo día de diciembre de 2024, pero recién se conocie­ron), sostuvo que tanto el TCP como las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura “se están curando en salud, a la vista de lo que se viene des­de el Sistema Interamericano y Universal de DDHH, cuando en casos similares, ya la CIDH avanza sobre informes de fon­do que podrían acarrear mi­llonarios daños y perjuicios contra agentes estatales, como exconsejeros, jueces, vocales y magistrados de garantías) que en su momento, en vez de tu­telar los derechos de los jueces sujetos a garantías reforzadas, contribuyeron a triturar sus derechos”.

“Con todo, aplaudir que se esté aplicando genuino control de convencionalidad, tutelan­do internamente esos dere­chos, pues de lo contario segui­rán sumando las peticiones ante la sede internacional, en la que ya no hay encubrimien­to a las atrocidades que desde el Consejo de la Magistratura se perpetraban antes y ojalá los actuales no las mantengan o encubran, además de cumplir debidamente estos últimos fa­llo”, agregó.