Coroico: Detienen a un juez por suspender a magistrada

El juez de Coroico Fernando Marcelo Lea Plaza fue detenido por haber dispuesto la suspensión temporal de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de La Paz, Fanny Coaquira, y convocatoria de la suplente de esta autoridad por considerar que presentó documentación falsa sobre su experiencia en la docencia universitaria para ser habilitada como candidata a ese alto tribunal.

Es la primera vez que un juez constitucional da de baja a un magistrado desde que se elige a autoridades mediante el voto, es decir, desde 2012.

El ciudadano Antonio de la Fuente interpuso una acción de cumplimiento en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber omitido la verificación de la documentación de la candidata Coaquira para acreditar sus méritos.

En su memorial, explicó que la ahora magistrada declaró haber ejercido la docencia universitaria durante dos gestiones, entre 2022 y 2023, en la Universidad Unión Bolivariana. No obstante, esta información no fue verificada ni reconocida por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

El accionante dijo que pidió al TSE una revisión de este hecho, aportando pruebas sobrevinientes, pero recibió como respuesta que el proceso electoral concluyó y que ningún acto de ese periodo puede ser anulado por el principio de preclusión. Ante esto, acudió a una acción de cumplimiento.

En audiencia virtual, el juez de Garantías de Coroico, Fernando Lea Plaza, resolvió declarar probada la acción de cumplimiento y, en consecuencia, disponer la suspensión temporal de la credencial otorgada a Coaquira como magistrada electa del TSJ. Además, dispuso que se comunique de esto a la Presidencia del TSJ para que active la convocatoria de la magistrada o magistrado suplente, mientras se resuelve el recurso de fondo.

Casi inmediatamente concluida la audiencia, el Ministerio Público activó una acción directa para aprehender al Juez Público, Mixto, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción en lo Penal, arguyendo la comisión del delito de prevaricato, según denunció el accionante De la Fuente. “El Juez ha sido detenido ilegalmente”, dijo.

“PREVARICATO FLAGRANTE”

La determinación de Lea Plaza fue cuestionada por el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, quien calificó la resolución como “gravísima y de prevaricato flagrante”. Advirtió que esa acción pone en riesgo la institucionalidad del Órgano Judicial.

Ortega también destacó la inmediata reacción del Ministerio Público, que abrió una investigación penal contra el Juez de Coroico por dicho delito.

“Consideramos que estamos frente a un hecho gravísimo, una conducta delincuencial del juez, un acto de prevaricación flagrante que pone en vilo la institucionalidad del Órgano Judicial y la institucionalidad de la administración de justicia en todo el país”, declaró a CORREO DEL SUR. Para este magistrado, el juez “prevaricador debe estar en la cárcel” por haber usurpado funciones.

Ortega dijo que su colega sigue habilitada en sus funciones de magistrada por voluntad popular y que la resolución del Juez de Coroico no “tiene validez jurídica”, además de que el TCP, en revisión, revertirá esta “acción ilegal”.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, señaló que el juez había resuelto alejar del cargo a la magistrada electa en las urnas y que, con este antecedente, cualquier autoridad electa, no solamente en el Órgano Judicial sino en las elecciones generales, luego del proceso electoral en curso, con acciones constitucionales, corre el riesgo de ser alejado de su puesto.

“Hemos entendido que este juez ha cometido prevaricato por resolver fuera del ámbito constitucional y legal. Ha merecido la intervención no solamente del Consejo de la Magistratura, sino también la intervención de la Fiscalía General y de la Departamental con una acción directa”, acotó.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el hecho como un ataque directo a la institucionalidad judicial y señaló que desencadenó una rápida reacción de las autoridades. 

“No vamos a tolerar hechos ilegales ni actos que socaven la voluntad del pueblo. Respaldamos plenamente a la magistrada electa y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Saucedo citado por la Agencia Judicial de Noticias (AJN).

FALLO DICTADO

En criterio del ciudadano accionante, Antonio de la Fuente, la resolución de suspensión de la magistrada Fanny Coaquira ya fue dictada y esta autoridad tendrá que activar recursos legales para revertirla; al final, tendría que ser el TCP el que, en revisión, confirme o revoque la resolución del Juez de Garantías de Coroico.

Antecedente de la suspensión a dos consejeros

Un caso de cesación del cargo por una acción de cumplimiento se dio en 2021 con los consejeros de la Magistratura Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, que fueron suspendidos de sus funciones en julio de ese año por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz, tres meses después confirmada por un fallo del TCP. 

La acción fue presentada por el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) del Ministerio de Justicia que culpó a las dos autoridades de haber incurrido en las causales de prohibición y de incompatibilidad constitucional y legal para el ejercicio de sus funciones, luego de haberse conocido que dos hermanos de Alcón y el esposo de Gómez, trabajaban en el Órgano Judicial.