La CIDH admite petición de una jueza destituida
El expediente de la solicitud fue remitido al Estado para que se pronuncie
DESTITUCIONES. Fueron demandados los consejeros de la Magistratura de la anterior gestión. Foto: Archivo La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió la admisibilidad a trámite de una petición presentada por Ingrid Peláez Mamayeff, que fue despedida del ejercicio de juez disciplinaria; con esta admisión, que es el primer filtro que puede concluir con un una demanda internacional contra el Estado boliviano, hay una veintena de petitorios en este organismo y que en otros casos se ordena al Estado una reparación a los jueces afectados por despidos indebidos en el Consejo de la Magistratura.
La peticionante ante la CIDH, al igual que varios jueces disciplinarios, planteó una acción de amparo constitucional, denunciando la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la inamovilidad funcionaria, el derecho a la garantía de independencia judicial y otros derechos, en contra de los consejeros de la Magistratura que emitieron una convocatoria pública que concluyó con su desvinculación laboral y designación de otro personal en el cargo.
Alegó que no existía causal de desvinculación al no haber un proceso disciplinario en su contra y no se efectuó una evaluación de desempeño periódica o permanente como establece la normativa del Consejo de la Magistratura. El TCP en una sentencia que se pronunció en revisión denegó la tutela otorgada por una Sala Constitucional a favor de la accionante, quien, una vez agotada las vías internas acudió a la CIDH.
A LA CIDH
El abogado patrocinante de la exjueza Peláez, Arturo Yáñez, confirmó que la CIDH emitió una resolución de admisibilidad de esta petición formulada por su defendida que decidió acudir a este organismo internacional al no haber conseguido justicia ante la vulneración de sus derechos en las instancias judiciales y constitucionales de Bolivia.
Explicó que la admisibilidad a trámite en la CIDH es el primer filtro que es muy riguroso debido a que la mayoría de las peticiones no pasan esta fase si no existen los argumentos necesarios de vulneración de derechos.
La CIDH comunicó a la peticionaria y al Estado boliviano sobre la admisión a trámite de su solicitud y que el expediente fue remitido al gobierno boliviano para que en un plazo de tres meses, prorrogable máximo a cuatro, para que presente sus argumentos y observaciones.
El organismo internacional informó que en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a petición de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos (…).
RESARCIMIENTO
El abogado Arturo Yáñez informó que hay una veintena de casos de jueces del país admitidos por la CIDH y que el Estado está obligado a pagar un resarcimiento de más de 4,5 millones de dólares, si no llega a un acuerdo con estas víctimas de despidos injustificados y evitar ir a un juicio ante la Corte IDH.
