Consejo restituye y reconoce como jueza de carrera a Pastora Cabrera

En cumplimiento a una resolución constitucional de 23 de diciembre de 2024, el Consejo de la Magistratura restituyó por segunda vez a la abogada Pastora Cabrera como jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres y Juez Técnico de Sentencia Nº 2 de Tupiza (Potosí). La jueza fue cesada en diciembre de 2019 y después de cuatro años, por disposición de la sentencia constitucional 704/2020 le devolvieron el cargo. En 2023, el Consejo volvió a entregarle un memorándum de agradecimiento y desde el 8 de julio retornó como jueza.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, emitió el pasado 8 de julio un memorándum de reincorporación como jueza de carrera; los anteriores consejeros la consideraban como autoridad transitoria.

Por su parte, el Director de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, dispusola reincorporación de Cabrera como jueza de Tupiza en cumplimiento del auto constitucional 0121/2024-O de 23 de diciembre, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), determinación que fue notificada este jueves.

Cabrera fue víctima de decisiones arbitrarias durante estos cuatro años de “pelea” por su restitución. En mayo de 2024, ella fue prácticamente echada del cargo porque el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, primero lo cambió del Juzgado Segundo al Tercero, sin embargo, horas más tarde, el Consejo la reemplazó por otro juez quien ahora fue cambiado con la resolución de las actuales autoridades.

En la anterior gestión, el Consejo de la Magistratura a la cabeza de Marvin Molina, emitió una convocatoria para la designación de jueces en sustitución de los servidores considerados transitorios, entre los que estaba la jueza Cabrera. Molina, presionado por un fallo del TCP, en una primera ocasión ordenó la restitución de Cabrera en un juzgado de Achacachi, en La Paz, pese a que el Constitucional dispuso su retorno al mismo juzgado de Tupiza. El TCP en su sentencia, ordenó el pago de salarios devengados desde el momento de su cesación en 2019, el monto a la fecha supera el millón de bolivianos y que el Consejo aún no efectivizó. Cada día que no se le paga, el monto se incrementa, según su abogado Arturo Yáñez.