Justicia archiva juicio por cobro de Bs 20.000 de un fallo del TSJ

El exfuncionario de la Sala Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), J.A.C.B, acusado de cobrar 20.000 bolivianos por un fallo en diciembre de 2022, logró hacer extinguir el proceso penal en su contra luego de haber llegado a un acuerdo con la víctima para la reparación de daños en el marco de la Ley 1390 de Justicia Restaurativa. Con esta decisión no irá a juicio oral y deja archivado el proceso por concusión, delito que dispone una pena entre dos a cinco años de privación de libertad.

En mayo de 2023, la comisión de fiscales anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, aprehendió al funcionario de la Sala Social Primera del TSJ, de iniciales J.A.C.B, por el cobro de 20.000 bolivianos por un fallo de un litigante que pretendía recuperar sus beneficios sociales de una empresa petrolera de la que fue desvinculado. La investigación penal se inició a denuncia del entonces magistrado de la Sala Social, José Antonio Revilla, quien después dejó de impulsar el proceso pese a que se comprometió a buscar el esclarecimiento de este caso que involucra a su personal de confianza.

ACUSACIÓN

Casi dos años después del inicio del proceso, el Ministerio Público, a la cabeza del fiscal departamental Mauricio Nava Morales, presentó acusación formal por el delito de concusión y solicitó al juez la instalación de la audiencia de juicio oral. 

El juicio recayó en el Juzgado de Sentencia Nº 2 de la Capital, empero, previo a la instalación de la audiencia, el acusado promovió un acuerdo de mediación con la víctima que radica en Santa Cruz, según se pudo conocer en el Ministerio Público.

“Llegaron a un arreglo y después el acusado hizo la reparación del daño y los perjuicios que se le hubiese ocasionado a la víctima, y en el Juzgado de Sentencia, la defensa de J.A.C.B planteó la aplicación del programa de justicia restaurativa y el juez observando que se cumplían los requisitos dispuso la extinción de la acción penal”, señaló este jueves una fuente del Ministerio Público.

En su momento, el fiscal departamental Nava Morales indicó que el Ministerio Público presentó la acusación formal contra esta persona por el delito de concusión y pretendía llevarlo a juicio oral.

El delito de concusión, que implica que un funcionario público exija o acepte dinero o beneficios legítimos abusando de su cargo, se castiga con la privación de libertad de dos a cinco años, según el Código Penal. Además se puede aplicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

OTRO CASO

En otro caso, el exdirector de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Roger Palacios, también fue beneficiado con la Ley 1390, de Justicia Restaurativa, después de llegar a un acuerdo con el propietario de una empresa que lo acusó de supuestamente haberle cobrado una coima de más de 1 millón de bolivianos y que tuvo que devolver para archivar el proceso en su contra.