Tribunal Agroambiental: Avasallamientos socavan el Estado de Derecho y la paz social

Luego de los actos de avasallamiento en el predio de Santa Rita, en el municipio de El Puente de Guarayos, el Tribunal Agroambiental emitió un pronunciamiento público en el que advierte que estos actos violentos no solo constituyen una violación directa del derecho individual a la propiedad privada de sus legítimos titulares sino puede derivar en graves afectaciones ambientales, tales como la deforestación y la contaminación hídrica y atmosférica perpetrados por los avasalladores.

“Es crucial comprender que los avasallamientos a las propiedades privadas, no puede limitarse a visualizarlo simplemente como un problema ‘entre particulares’. Los avasallamientos a propiedades privadas socaban directamente el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la paz social en todo el territorio nacional”, señala parte del comunicado firmado por el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Christian Méndez.

GARANTIZAR PROTECCIÓN

Esta institución del Órgano Judicial señaló que “ante la seriedad y gravedad del estado de situación que ocasionan los avasallamientos a propiedades privadas, el Tribunal Agroambiental, en aplicación de la Constitución y la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, actuará en el marco de sus competencias para garantizar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica a los propietarios y a la ciudadanía en general.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación de la Constitución y la ley para asegurar que todo conflicto sea dirimido a través de los mecanismos legales establecidos y por las autoridades competentes, proscribiendo cualquier intento de imposición por la fuerza o la arbitrariedad”, señala la posición institucional.

En el comunicado, Méndez manifiesta que la ciudadanía “debe tener la plena certeza de que sus derechos serán protegidos y que la justicia independiente prevalecerá”.

“Desde el Tribunal Agroambiental velaremos incansablemente por el respeto al derecho de propiedad y la preservación de nuestro medioambiente y derechos fundamentales conexos, elementos esenciales de un Estado Constitucional de Derecho, la convivencia social pacífica y el desarrollo del país”, finaliza el pronunciamiento.