Consorcio: Amplían la denuncia contra otros dos vocales
Édgar Ordoñez y Erika Valdez son las dos autoridades sindicadas en el ‘golpe’ judicial

A la fecha suman 10 los presuntos involucrados en el caso Consorcio de jueces que buscaba la suspensión de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, luego de esta autoridad ampliara su denuncia por tráfico de influencias contra otros dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, quienes habrían organizado reuniones desde mayo para planificar el supuesto “golpe” judicial.
La ampliación de la denuncia por tráfico de influencias y consorcio, es contra los vocales de la Sala Civil Édgar Ordoñez y Erika Valdez a quienes acusa de formar parte de consorcio de jueces y vocales que buscaban su cargo para sustituirla por su suplente Iván Campero.
Mediante un memorial, la comisión de fiscales asignada al caso, puso en conocimiento del Juzgado 17 Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que se admitió dicha ampliación de denuncia y se procedió al inicio de las investigaciones.
“Señora juez, a los fines de control jurisdiccional, tenemos a bien informar a su autoridad que mediante memorial presentado en fecha 25 de julio de 2025, la ciudadana Fanny Coaquira Rodríguez, a través de su apoderado legal, ha presentado una ampliación de denuncia contra los ciudadanos Iván Édgar Ordoñez Quijarro y Karina Erika Valdez Cuba, por la comisión de los delitos de tráfico de influencias y consorcio; ampliación que ha sido aceptada por el Ministerio Público mediante decreto fiscal de fecha 28 de julio de 2025”, señala parte del oficio citado por El Deber.
El documento lleva la firma de los fiscales Fernando Espinoza, Magaly Bustamante y Johan Muñoz. Con esta ampliación, suman a 10 los implicados en el caso consorcio, de los cuales cuatro son exvocales del TDJ La Paz.
COADYUVANDO
El abogado Benjamín Guzmán, en su condición de denunciante en este caso, indicó que están coadyuvando en la investigación, al igual que el Ministerio de Justicia, que no tienen una participación activa y directa en el proceso.
Indicó que una vez levantada la confidencialidad del caso se está generando diligencias investigativas luego de la acumulación de varias denuncias, entre ellas, la de una parlamentaria y otros.
ACCIONANTE
Dentro de los seis meses se tiene que generar los actos investigativos y pesquisas, entrevistas a testigos y la citación a la persona que firmó el memorial de acción de cumplimiento que se habría declarado en la clandestinidad porque no confía en la seguridad jurídica.