En 200 años, los juicios de privilegio casi siempre tuvieron tinte ‘político’

Desde la fundación de la República en 1825 hasta el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia se ventilaron alrededor de 40 juicios de responsabilidades contra altos mandatarios de Estado, entre presidentes y ministros, pero pocos de estos procesos concluyeron con sentencias claras y definitivas, debido a la politización.

Según los historiadores, estos juicios de privilegio en Bolivia siempre han estado marcados por el rencor, la venganza y la impunidad, promovidos por enconos personales y partidarios que confundieron la necesidad de hacer justicia. Pocos juicios fueron presentados ante la Corte o Tribunal Supremo con acusaciones sustentadas con pruebas y procedimientos jurídicos respaldados como lo fueron los procesos impulsados por Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Hugo Banzer o contra Luis García Meza Tejada, Luis Arce Gómez y su gabinete de ministros.

El primer juicio de responsabilidades se remonta a 1828 con la acusación del Mariscal Antonio José de Sucre en contra de José María Pérez de Urdininea, entonces ministro de guerra, el 2 de agosto de ese año, por el delito de traición a la patria fue acusado de no haber detenido la invasión de las tropas peruanas de Agustín Gamarra a territorio boliviano.

También está el juicio impulsado por el diputado por Chayanta, José Pareja, contra el gobierno del general José Miguel de Velasco, el 1 de octubre de 1840, por el delito de infracciones constitucionales. La acusación fue archivada debido a razones infundadas.

Posteriormente, la prensa interpuso una acusación en contra del Mariscal Andrés de Santa Cruz, de ser propulsor del restablecimiento de la moneda feble, malversaciones y supresión de las libertades de prensa. Este caso terminó el 2 de noviembre de 1839, cuando se declara al Mariscal de Santa Cruz “insigne traidor, indigno boliviano cuyo nombre debe ser borrado de las listas civil y militar de la República”. Con el paso del tiempo, la propia prensa se encargó de reivindicar la dignidad del Mariscal, aunque siempre consideró su gestión de gobierno como dictatorial.

En otro juicio, el Congreso General Constituyente de Bolivia acusó y condenó a José Ballivián (presidente entre 1841 hasta 1847), declarándolo insigne traidor. Asimismo, se exhortó a que todo patriota fuera tras las huellas de este expresidente y lo trajera vivo o muerto.

En agosto de 1857, el diputado Mariano Baptista interpuso un juicio contra el presidente Jorge Córdova, a quien se lo culpaba de haber utilizado facultades extraordinarias que no le correspondían, cometiendo supuesto abuso de funciones. Sin embargo, una comisión especializada concluyó que no se violaba la Constitución, declarando a Córdova inocente.

En 1861, Tomás Frías, Adolfo Ballivián y Mariano Baptista militantes del partido liberal, impulsaron un juicio de corte contra el presidente José María Linares. En este juicio se pronunció sentencia sin un debido proceso, por lo que se convirtió en un hecho atentatorio contra el mínimo principio de defensa de derechos.

En esta cadena de juicios está el caso contra el gobierno de José María Achá, la oposición se valió de la Asamblea de 1864 y de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Congreso, con el objetivo de derrocarlo. Sin embargo, debido a que los cargos eran infundados, la Asamblea absolvió al gobierno. A su vez, José María Achá cobró su revancha persiguiendo a los conspiradores.

JUICIO POR TRAICIÓN

El juicio contra Mariano Melgarejo el 6 de febrero de 1871 tuvo también su relevancia. Fue impulsado por el gobierno de Agustín Morales, quien declaró delincuente al general Melgarejo por traición a la patria, prevaricato, desmembramiento del territorio nacional, matanzas de indios, falsificación de la moneda nacional y escandalosa embriaguez habitual. Este juicio terminó con una sentencia, al menos históricamente, aunque quedó sin ser ejecutada.

En otro caso, Belisario Salinas presentó acusación contra Agustín Morales, debido a infracciones constitucionales, el 5 de septiembre de 1871. No llegó a votarse una investigación porque a pocas semanas de presentada la acusación, Salinas murió. Su muerte no fue un complot, aunque Morales afirmó que la justicia divina se había encargado de saldar cuentas con el rebelde.

La Convención de 1880 inició un juicio contra el presidente Hilarión Daza bajo los cargos de atropello de las garantías sociales e individuales, despilfarro, peculado y mala conducción de la guerra contra Chile. Los legisladores de 1893 nuevamente acusaron a Daza. Esta vez, el Senado debía debatir el tema en presencia del acusado, pero, cuando este viajaba a La Paz para asumir su defensa, fue asesinado en Uyuni, el 27 de febrero de 1893. Este juicio de responsabilidades es el que más contenido político tuvo donde, además, se detectó documentación fraguada, extraviada, correspondencia secreta y estrategias de sedición para encubrir a los principales responsables por el desastre bélico con Chile.

En 1895, Ismael Vásquez acusó a Mariano Baptista por haber ratificado, canjeado y promulgado los tratados con Chile en 1894. Este juicio también quedó en nada. Mucha documentación se perdió y las amenazas de muerte contra Vásquez terminaron por amedrentarlo del proceso.

JUICIO POR PUGNAS

El 6 de mayo de 1947, un grupo de diputados interpuso un juicio de responsabilidades contra el vicepresidente Julián Montellanos y los exministros del gobierno de Villarroel, entre los que figuraban Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Durante esta época, toda acción legal desde el Parlamento y la Corte Suprema buscaba perjudicar al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), incluso aquellos disturbios y pequeñas rebeliones mineras que no implicaban la responsabilidad del MNR eran imputadas a este.

JUICIOS A DICTADORES

El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz inició la tramitación de un juicio de responsabilidades en septiembre de 1979 contra el exdictador Hugo Banzer con un pliego acusatorio de 96 delitos. La defensa del proceso que hizo Quiroga en el Parlamento fue uno de los alegatos más importantes de la historia congresal. El juicio prescribió por caducidad, pues luego del asesinato de Quiroga en julio de 1980, ningún miembro del PS-1, u otro partido, prosiguieron con las acusaciones.

Entre los primeros 30 juicios de responsabilidades está el de Luis García Meza y su primer gabinete ministerial. Por resolución congresal acusatoria del 25 de febrero de 1986, se acusó a García Meza ante la Corte Suprema, dándose una sentencia en la que se lo declaró culpable el 21 de abril de 1993 por la masacre de la Calle Harrington y otros.

ÚLTIMOS PROCESOS

Otro de los juicios de responsabilidades es el iniciado por el entonces diputado Evo Morales,  en 1995, contra el diputado del MNR y exministro de gobierno de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, por los hechos sangrientos de Amayapampa, Capasirca y Llallagua y por la violación de derechos humanos en las zonas productoras de coca.

Entre los últimos juicios de privilegio en el alto tribunal de justicia están los casos Petrocontratos, Misiles Chinos, Chitochatarras, Enfe, Reforma Educativa, Octubre Negro y una veintena de solicitudes que esperan su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En estos casos también están involucrados ministros del gabinete de Gobierno.

Un último juicio de responsabilidades podría ser en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, sindicada por designar a su familiar como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). El caso estaba en la vía ordinaria pero un tribunal de La Paz se declaró incompetentes y remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A LA CÁRCEL

Entre los casos en los que se ejecutaron las sentencias, pese a las “maniobras políticas”, están las de “Chitotarras”; Misiles Chinos, cuyos sentenciados fueron conducidos a la cárcel; en cambio, en el caso Petrocontratos, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue juzgado en rebeldía.

Bibliografía de Franco Bamboa