Caso EBA: TSJ pide a la Fiscalía un informe sobre proposición acusatoria contra Áñez
En caso de haber una proposición acusatoria, la Sala Penal del TSJ solicita remitir el informe de inicio de investigación penal de juicio de responsabilidades para ejercer el control jurisdiccional
La expresidenta Jeanine Áñez en el penal de Miraflores. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de sus competencias para procesar a altos dignatarios de Estado, emitió este miércoles un decreto solicitando a la Fiscalía General del Estado pronunciarse sobre la existencia de una proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez en el denominado caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
En caso de confirmarse la existencia de dicha proposición, la Sala Penal pidió remitir el respectivo informe de inicio de investigación penal para un juicio de responsabilidades. Con ello, este alto tribunal quedaría habilitado para ejercer el control jurisdiccional sobre el proceso.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, magistrado por Chuquisaca Carlos Ortega, explicó que esta instancia recibió el expediente del caso EBA, que involucra a Áñez, y verificó que existe un Auto de Vista que declaró fundada la excepción de incompetencia presentada por la defensa de la exmandataria. Esta decisión fue ratificada por una sentencia constitucional, que confirmó la imposibilidad de la justicia ordinaria de procesar a la exautoridad.
“Analizando ambas resoluciones, la Sala Penal emitió el decreto correspondiente para que se remitan los antecedentes al Ministerio Público y, en su caso, las personas naturales o jurídicas que se consideren víctimas puedan formular su proposición acusatoria. En aplicación del artículo 13 de la Ley de Juicio de Responsabilidades, el Ministerio Público nos hará conocer el informe de inicio de investigación para que esta Sala inicie el control jurisdiccional de la investigación preliminar”, detalló Ortega en conferencia de prensa en Sucre.
La resolución dispone la remisión del cuaderno jurisdiccional a la Fiscalía General para que, en el marco de sus atribuciones, determine los siguientes pasos procesales.
