Abogado Jorge Valda pide a la justicia pronunciarse sobre al menos 300 presos políticos
Se manifestó tras la orden del TSJ de revisar los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari
El abogado Jorge Valda. Luego de conocer la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez; el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, el abogado y activista de derechos humanos Jorge Valda señaló que, además de estas tres personas, hay más de 300 presos políticos en el país que deben ser liberados y pidió que el Órgano Judicial inicie una auditoría a los procesos penales de índole político impulsados por el gobierno del MAS.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, hizo conocer este viernes una instrucción para que los jueces y tribunales departamentales de justicia “procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra” la expresidenta Áñez, el gobernador Camacho y el exlíder cívico Pumari.
“No solamente son Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, tenemos más de 300 presos políticos privados de libertad en las cárceles, en sus domicilios, solo por decir la verdad”, manifestó Valda a través de su cuenta de TikTok.
Valda citó a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) procesados por protestar en puertas de la Fiscalía General, funcionarios de la gobernación de Santa Cruz, por protestar por la detención de Camacho, y muchos otros que siguen con medidas cautelares de detención preventiva, detención domiciliaria, en juicios orales, la mayoría “montados por el Ministerio de Gobierno”.
Asimismo, se refirió a los presos de Adepcoca, César Apaza y Raúl Uría, y los procesados por el falso “falso Golpe de Estado” como el defensor de derechos humanos Fernando Hamdan y varios militares denunciados.
Sugirió la realización de auditorías a todos los procesos de los perseguidos políticos, entre los que también estaban empresarios que salieron del país como Humberto Roca, gerente de Aerosur.
El abogado destacó la decisión del TSJ de ordenar la revisión de los plazos de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari para “desenmascarar los actos autoritarios, abusivos y dictatoriales del Gobierno del MAS” contra más de 300 presos políticos.
