TSJ: Proceso abreviado fue utilizado para “extorsionar”

El proceso abreviado para evitar ir a un juicio oral se ha convertido en un mecanismo de “extorsión” tanto para la víctima como para el imputado porque el sistema penal fue utilizado con el fin de sentenciar y condenar a una persona sin haber acreditado su culpabilidad, según el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega. Esta instancia emitió una resolución que regula la aplicación del procedimiento abreviado y así evitar que se convierta en un instrumento de “sometimiento” del imputado y de la víctima para llegar a una sentencia a como dé lugar.

“En los últimos 10 años hemos visto que el procedimiento abreviado como salida alternativa para evitar un juicio oral, que concluye con una sentencia, ha sido totalmente distorsionado y se produjo un desarreglo penitenciario en el Estado boliviano”, señaló Ortega.

ALGUNOS CASOS

El caso del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas César Apaza, considerado opositor al MAS, fue condenado con un procedimiento abreviado que él se vio obligado a aceptar debido a su enfermedad luego de casi un año y medio de ser encarcelado, con una investigación que no avanzaba y lo que sumaban eran los procesos en su contra por la toma y quema del mercado paralelo de Adepcoca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre de 2022, en una disputa con los cocaleros afines al MAS. 

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció que el Ministerio Público intentó persuadir a la exmandataria a que se someta a un procedimiento abreviado, admitir culpa en alguno de los delitos para cerrar el proceso en su contra dentro del caso Golpe; ella no aceptó.

Dentro del mismo caso Golpe, impulsado por el gobierno del MAS, cuatro exjefes militares imputados admitieron la comisión de delitos en un procedimiento abreviado en noviembre de 2023, recibieron sentencia en penas mínimas que les permitió recuperar su libertad.

En algunos casos se obliga al imputado a admitir una culpa, aunque sea por el delito menor para cerrar su caso con un proceso abreviado.

PROCEDIMIENTO

El magistrado Carlos Ortega explicó que el procedimiento abreviado es una salida alternativa por el cual el imputado, previo análisis del caso con su abogado, decide someterse a este mecanismo, y a través del Ministerio Público, luego de una constatación de requisitos formales y de fondo, solicita al juez o tribunal la aplicación de esta salida alternativa para cerrar el caso.

Ortega comentó que durante las actividades académicas que cumplen los magistrados en diferentes tribunales departamentales del país, encontraron irregularidades en la aplicación de este instituto jurídico del procedimiento abreviado. 

Desde las deficiencias investigativas en el sistema procesal penal boliviano que dan lugar a la “desesperación” de los imputados que solicitan el procedimiento abreviado para lograr su libertad. Señaló como uno de los “desarreglos” del sistema procesal penal la aplicación primero de la detención preventiva para luego recién comenzar con la investigación y al final del proceso, el hecho imputado no correspondía a la denuncia.

“Lo que se pretende con el nuevo lineamiento del TSJ es que este instituto no se convierta en un instrumento de sometimiento tanto de la víctima como del imputado para que se resuelva el caso de fondo, sino que sea un mecanismo para resolver causas, pero en base a elementos probatorios que evidentemente acrediten la culpabilidad del acusado”, sentenció.

EXTORSIÓN

El magistrados Carlos Ortega señaló que en el Auto Supremo emitido por la Sala Penal se hace notar que el procedimiento abreviado en varios casos se ha convertido en un mecanismo de extorsión.